Especialistas tributarios observan que las expropiaciones y/o confiscaciones de empresas , están ocasionando una contracción en los niveles de recaudación impositiva del Gobierno.
José Rafael Belisario, abogado tributario y representante de la firma Benson Pérez Matos, Antakly & Watts, señaló que 'la mayoría' de estas empresas o industrias, 'una vez expropiadas o nacionalizadas, dejan de ser productivas porque estos procesos no obedecen a una política económica o de Estado, sino a una particularidad del momento'.
Dijo el analista en el foro Actualidad Tributaria que organizó la Cámara Venezolano Americana de Comercio Industria, Venamcham, que 'muchas de esas nacionalizaciones han traído como consecuencia la desaparición de esas empresas; en el sector petrolero específicamente, las empresas contratistas que fueron nacionalizadas ya no existen como tal y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se apropió de sus activos'.
Belisario comentó que 'independientemente de que la petrolera estatal produzca más o menos, esas empresas ya no son contribuyentes, ya no pagan Impuesto al Valor Agregado, ni Impuesto sobre la Renta, tampoco Patente de Industria y Comercio. No es sólo la tesorería nacional sino otras tesorerías que se han visto mermadas'.
En adición, comentó, 'algunas empresas que han sido nacionalizadas y cuyas actividades productivas han decaído, éstas han solicitado recursos al Gobierno para mantener costos y nóminas. Esta situación ha obligado al Estado a colocar dinero en las empresas para que sigan operando'; en otras palabras, 'hay menos tributos y más egresos para subsidiar estas empresas, esto trae como resultado, una menor disponibilidad de ingresos públicos y la necesidad de gravar con más impuestos a los contribuyentes' actualmente registrados.
Indicó en su intervención que la 'presión' que ejerce la autoridad tributaria sobre los contribuyentes viene dado por 'la fiscalización'. Y precisó que 'las administraciones tributarias nacionales y municipales se han encargado de recaudar dineros por la vía de las multas, por incumplimiento de deberes formales. Es un proceso rápido, es económico para la administración y les permite abarcar muchos contribuyentes en poco tiempo y obtener muchos recursos; aplican multas y cierran establecimientos porque faltó el RIF en una factura. Esa es la necesidad que tiene el Estado por recaudar más'.
Quejas contra Venezuela
De las tomas o expropiaciones de empresas, fundamentalmente extranjeras residenciadas en Venezuela, han surgido controversias. 'El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha conocido de 19 casos de arbitraje contra la República, de los cuales se han resuelto 4 y quedan pendientes 15', indicó José Gregorio Torrealba, abogado del escritorio Hoet Peláez Castillo & Duque.
Dijo que la mayoría de los desacuerdos que se presentan en este arbitraje internacional 'radica en las diferencias por el justiprecio; el Estado quiere pagar lo menos posible y el inverionista cobrar lo máximo. Estas empresas están vinculadas a sectores petrolero, minero y de telecomunicaciones'. REGRESAR |
