'La adquisición forzosa de varios terrenos en La Guaira ha afectado una actividad laboral y empresarial, que es la del transporte en la región, así como de otras actividades conexas', señaló Eduardo Quintana, presidente de Fedecámaras Vargas.
Mediante el decreto No. 8.062 publicado la Gaceta Oficial número 39.621 del 22 de febrero de 2011, la Presidencia de la República ordenó la adquisición forzosa de varios lotes de terrenos ubicados en las parroquias Caraballeda, Urimare y Macuto, del municipio Vargas, estado Vargas.
El decreto señalaba que los terrenos serían destinados a la ejecución de 'Viviendas dignas para el pueblo de Vargas', dirigidas a los damnificados de las recientes lluvias y que la obra sería ejecutada de manera 'urgente' por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe).
Denunció el presidente de Fedecámaras Vargas que el Gobierno se quiere apoderar de todos los espacios posibles alegando la construcción de viviendas. 'Deberían culminar antes la gran cantidad de proyectos que tienen paralizados', dijo.
Unidades en la calle
'Con esa medida se afectó al transporte de carga (que moviliza las mercancías del puerto de La Guaira y el aeropuerto de Maiquetía) y al transporte colectivo, que ubicaban sus vehículos en esos espacios desde hace muchos años', explicó Quintana.
Indicó que esos terrenos -la mayoría del Estado- estaban abandonados y prácticamente habían sido acondicionados por los propios transportistas, quienes los compactaron y los usaron como estacionamientos para sus unidades.
'A lo largo de más de 40 años se fueron creando diversas estructuras que generaban desarrollo laboral. En esas áreas se crearon talleres mecánicos, ventas de alimentos y bebidas, etcétera, ahora todos fueron desalojados', comentó Quintana.
Agregó: 'Ahora el caos en Vargas es total, pues los transportistas estacionan sus unidades en las vías y esto va en contra del urbanismo. Y lo peor es que esto significa masivo desempleo'.
El Decreto también indicaba que los terrenos pasarían libres de gravamen o limitación al patrimonio de la República, y que las expropiaciones serían tramitadas por la Procuraduría General.
La orden presidencial se anunció 'con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo bolivariano, la refundación de la Nación venezolana'.
Son un total de 43 parcelas afectadas de Vargas, unas privadas y otras que son ejidos municipales o de entes del Poder Central. De estas, 41 están en Caraballeda, mientras que de las dos restantes, una está en Macuto, al lado de la Quinta La Azuleja, y la otra constituye unos terrenos de Playa Grande en Urimare.
El gobernador del estado, Jorge Luis García Carneiro, y el titular de Cultura, Francisco Sesto, anunciaron la asignación de Bs.F. 672 millones para construir un total de 2.988 viviendas. REGRESAR |