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'No estamos ante la amenaza de la propiedad privada; estamos ante una progresiva abolición de la misma' advirtió el sociólogo Felipe Benites, quien es director del Observatorio de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice).
La instancia contabiliza 2.000 afectaciones al derecho a la propiedad entre el año 2005 y febrero de 2011.
Benites asegura que estadísticamente, si se contrasta con la cantidad de activos, el dato no tiene mayor significación.
'Es un porcentaje absolutamente pequeño, pero el tema no es estadístico; el tema son los impactos y las implicaciones y el aviso que se le da al resto de propietarios, de desmovilización política, la inyección del miedo y decirte esto te puede suceder a ti'.
Parafraseando a Andrea Tavares, ex candidata a la Asamblea Nacional por el partido Patria Para Todos (PPT), aseguró que el Estado venezolano no tiene la infraestructura para llevar adelante un proceso masivo de expropiaciones y apropiarse de todo lo que existe en el sector privado.
Comentó que de hecho, esa no ha sido su actuación política.
'Su actuación política ha sido quirúrgica, ha sido sectorial y con ellas (las expropiaciones) manda un mensaje muy claro al resto de los actores sociales o de los actores económicos en el país'.
Benites asegura que la progresiva abolición de la propiedad privada patrimonial como de los medios de producción, es lo que guía las acciones del Gobierno porque a partir de allí se genera la relación de explotados y explotadores.
Benites no descarta que los denominados 'rescates', 'expropiaciones' e 'intervenciones' de bienes continuará, pues el objetivo es la implantación de un modelo (Socialismo del siglo XXI), que -en su criterio- implica sustituir la iniciativa privada por la iniciativa estatal.
Ataque exacerbado
En los dos primeros meses del año el Observatorio de Propiedad de Cedice contabilizó 236 casos de violaciones a la propiedad.
Benites asegura que en el período hubo un incremento descomunal en el número de ataques respecto a lo que ha registrado la instancia desde 2005.
'Cuando lo contrastas con la cantidad de activos, evidentemente eso no es nada. Por eso no hablamos de un problema masivo, de una revolución que ha entrado como un tsunami en las ciudades y las ha afectado todas. Eso no es verdad. Pero desde el punto de vista del crecimiento de lo que se venía observado los meses anteriores y de diciembre para acá, no hay comparación', expresó.
El director del Observatorio de Propiedad de Cedice no duda que la actuación de grupos que comandan estas acciones tenga relación con el discurso oficial que, de alguna manera, los alienta.
Considera que también tiene incidencia el hecho de que no se sancione este tipo de hechos que, a todas luces, son punibles.
'Mientras exista impunidad, vamos a seguir observando la ocurrencia de este tipo de hechos'.
Si bien no precisó la cantidad de violaciones a la propiedad registradas en el mes de marzo, destacó que no es un número importante.
Cree que con ello tiene que ver la reciente promulgación de la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, según la cual el ejecutivo es el único habilitado para proceder a la toma previa de inmuebles no residenciales.
El Área Metropolitana de Caracas y los estados Lara y Zulia son los más afectados con los ataques a la propiedad en los dos primeros meses del año.
Desconocer al propietario
Benítes participó la semana pasada en una mesa de análisis promovida por Cedice a propósito de la promulgación y presentación de leyes que afectan al sector inmobiliario.
En el marco del evento manifestó preocupación no solo por la estrategia de 'expropiación' que adelanta el Gobierno, sino por los pagos pendientes.
Llamó la atención sobre la actuación del Instituto Nacional de Tierras (Inti) de 'rescate de tierras' desde 2008, dejando de lado el término expropiación para no asumir el compromiso de pago futuro.
Y en función de cifras de la firma Ecoanalítica, señaló que el Gobierno tiene pagos pendientes por expropiaciones del orden de 27.000 millones de dólares, mientras enfrenta demandas comerciales por el orden de $50.000 millones.
Los recursos que se han reconocido ascienden a $12.000 millones. REGRESAR |
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