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Luego de la reunión efectuada el pasado jueves entre Juan Manuel Santos y Barack Obama en la Casa Blanca, todo indica que falta poco para que Walid Makled esté de vuelta en Venezuela. La decisión de extradición debe ser oficializada por el Ejecutivo colombiano a más tardar la semana entrante. Ahora comenzará una nueva etapa en este polémico caso.
El ordenamiento jurídico colombiano le terminó facilitando a Santos un dictamen alrededor del cual giraron importantísimos intereses económicos y políticos para su país. El tratado de extradición entre Venezuela y Colombia suscrito el 25 de agosto de 1985 en la ciudad de Cartagena, establece que cuando una misma persona fuere solicitada por diversos Estados, por hechos diferentes, se tendrán en cuenta dos condiciones: el territorio donde se cometió el delito que tenga la pena más grave y la prioridad de la petición de extradición. El Código de Procedimiento Penal colombiano reproduce disposiciones de similar contenido. Estos terminaron siendo los argumentos del "nuevo mejor amigo" de Hugo Chávez para tomar su decisión, pero otros importantes aspectos también han debido ser tomados en consideración.
La detención de Makled en Colombia no se produce por solicitud de la justicia venezolana, sino de la Corte Federal de Manhattan. El despacho de la Fiscal General venezolana conoce desde hace meses de las denuncias realizadas por Makled contra altos funcionarios de nuestro Gobierno, y ninguno ha sido siquiera citado a declarar. Ante esta realidad, un juicio público donde el país conozca la verdad, luce casi imposible. La espuria mayoría oficialista en la AN, también se ha negado a discutir el tema.
Cuando Makled esté preso en el país, lo más seguro es que sus denuncias sean silenciadas. Al imputado podrían hasta prohibirle judicialmente expresarse a través de los medios de comunicación. El hasta ahora vocinglero y atrevido Makled, podría volverse mudo por arte de magia revolucionaria.
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