\'La política expropiatoria del actual Gobierno dejó de limitarse a latifundios y grandes empresas para llegar, de manera preocupante e ilegal, hasta las pequeñas y medias empresas (Pymes), fincas de apenas 10 hectáreas, complejos habitacionales en construcción y, ahora, hasta las puertas de las casas y apartamentos de los venezolanos\'.
Este es el análisis de Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), luego de que el jueves pasado el presidente, Hugo Chávez, anunció la adquisición forzosa de 47 apartamentos en varias urbanizaciones de Carabobo, en un contacto telefónico con el programa La Hojilla del canal estatal VTV.
Para León, esta acción evidencia cómo \'las violaciones a la propiedad privada por parte del Gobierno han sido progresivas y bajaron de lo macro a lo individual\'.
El primer mandatario nacional justificó la adquisición forzosa con el argumento de que \'los apartamentos ocupados por 47 familias fueron abandonados por sus dueños\'.
No obstante, León, quien también es abogado, recordó que \'no existe ley alguna en Venezuela que permita la expropiación de un inmueble, aun cuando esté desocupado, porque el artículo 115 de la Constitución Nacional garantiza a toda persona el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes\'.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), señaló que la reciente medida viola claramente el artículo 115 de la Carta Magna, porque \'el Estado solo puede decretar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública e interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, y no por intereses particulares de terceros\'.
El decreto presidencial de adquisición forzosa de casi medio centenar de apartamentos en Carabobo, que próximamente deberá publicarse en Gaceta Oficial, también contradice la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, promulgada en enero vía Ley Habilitante.
En su artículo 5, esta normativa que creó el presidente Chávez, para ayudar a los damnificados como consecuencia de las fuertes lluvias de finales de 2010, establece que \'se declararán de utilidad pública, interés social e importancia estratégica los inmuebles no residenciales, así como los terrenos urbanos o rurales abandonados, ociosos, subutilizados o sobre los que exista un uso inadecuado a los fines del poblamiento para el buen vivir de la población en las Áreas Vitales de Viviendas y Residencias (Avivir)\'.
Una fuente consultada del sector inmobiliario, que prefirió el anonimato, dijo que \'con esta acción simplemente el Gobierno está avalando nuevamente las invasiones a la propiedad privada, pese a que están tipificadas como delito en la reforma del Código Penal del año 2005\'.
Peligran casas de playa
León teme que \'luego de que el mismo Presidente de la República premió públicamente a los ocupantes de esos 47 apartamentos con su posterior expropiación, lo que puede venir es una nueva ola de invasiones a las casas de playa, que suelen permanecer vacías cuando no es temporada vacacional\'.
El representante de los usuarios recordó que la asociación ha recibido varias quejas de que \'en algunas zonas costeras, como Barlovento, en Miranda, y Anzoátegui, autoridades como el Seniat y las alcaldías han levantado censos cuyo objetivo real es, presuntamente, verificar que los inmuebles están habitados\'.
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) ha recibido denuncias similares de propietarios de inmuebles residenciales en el estado Vargas.
La posibilidad de una arremetida de invasiones residenciales empezó a tomar fuerza cuando el 14 de enero de este año la Comisión Judicial del TSJ ordenó \'restringir temporalmente todas las medidas ejecutivas cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva\'.
El máximo tribunal argumenta que la prohibición de desalojos habitacionales se ordenó para velar \'temporalmente\' por las familias que quedaron damnificadas por las lluvias; pero diversos actores del sector inmobiliario se quedaron esperando su abolición una vez que se promulgó la Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda.
El presidente de Anauco cree que \'esta acción del Gobierno demuestra la radicalización de una política en la que el Presidente asume el papel de Robin Hood para controlar a la población y disponer arbitrariamente de sus cosas, a pesar de que los venezolanos siempre han sido defensores de la propiedad\'. Asimismo, León criticó que nuevamente el mandatario haya utilizado fechas vacacionales, cuando la gente está de viaje o descuidada, para ejecutar estas medidas, que suelen generar rechazo en parte de la población. REGRESAR |
