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La llegada del presunto narcotraficante Walid Makled a Venezuela encendió la polémica en el país, donde el compromiso gubernamental de garantizar un \"debido proceso\" y castigar a todos los implicados en el caso es visto con suspicacia entre los detractores del presidente, Hugo Chávez.
Mientras la exjefa antidrogas Mildred Camero asegura que en 2003 llegó al despacho de Chávez un informe de las actividades ilícitas y los vínculos de Makled con funcionarios del Gobierno, el oficialismo critica que la oposición \"convierta\" a Makled en \"un miembro más\" de sus filas y busque usar sus denuncias pensando en las elecciones de 2012.
Makled, también conocido como \"El Turco\", llegó extraditado el lunes a Caracas procedente de Colombia, donde fue detenido el 19 de agosto de 2010, para ser procesado por los delitos de narcotráfico, legitimación de capitales ilícitos, asociación para delinquir y homicidio.
En distintas entrevistas concedidas desde la cárcel colombiana, Makled definió a Venezuela como un \"narco-Estado\" y aseguró que hizo pagos de grandes cantidades de dinero a funcionarios, incluido \"el alto Gobierno\".
\"Aunque el Gobierno dice que va a garantizar el debido proceso y que todas las personas que estén involucradas serán procesadas es mentira. Cuando vean que aparece un diputado o un general, no lo van a hacer, no les interesa\", indicó a Efe Camero.
La jurista, hasta 2005 directora de la Comisión Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas (Conaciud), órgano con rango ministerial, asegura que remitió un informe a Chávez y al entonces vicepresidente, José Vicente Rangel, donde les advertía de la llamada Mafia del Puerto, liderada por Makled.
\"El Presidente debería haber conocido esa información y, si no la conocía, es una gran irresponsabilidad porque tenemos constancia de que el informe fue recibido en el Palacio de Miraflores\", denunció Camero.
En base a informes de inteligencia de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA), del Gobierno británico y de los cuerpos policiales venezolanos, el texto detallaba operaciones de narcotráfico de Makled con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sus relaciones con \"generales, coroneles y funcionarios de alta jerarquía muy vinculados a Chávez\", indicó.
\"Es imposible montar el imperio que Makled tuvo de un día para otro si no tuviera apoyo\", sostuvo la ex funcionaria.
Estos señalamientos han sido aprovechados por la oposición venezolana como pruebas de la corrupción que, a su entender, envuelve a la gestión de Chávez, a quien lanzan duras críticas, en un contexto de contienda electoral por las presidenciales en 2012.
El diputado opositor Miguel Ángel Rodríguez subrayó en declaraciones a Efe la importancia de investigar las \"gigantescas implicaciones políticas\" del caso, al recordar que solicitó la creación de una comisión parlamentaria de veedores para \"contrastar la verdad\" de las investigaciones judiciales, subrayó.
\"El Estado sólo quiere enfocarse en demostrar que Makled es culpable de los cargos que se le imputan en Venezuela, pero la investigación no puede quedarse ahí\", denunció Rodríguez.
Makled pidió participar en una plenaria legislativa para consignar pruebas que demuestren sus acusaciones a altos funcionarios estatales, una petición en la que Rodríguez trabaja, pese al rechazo que el presidente de la cámara, el oficialista Fernando Soto, ya ha manifestado.
Desde el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), niegan categóricamente estas acusaciones y aseguran que se va a \"llegar hasta el fondo\" del caso.
\"No hay impunidad ni solidaridad automática con nadie en el caso de que algún funcionario o militante del PSUV hubiese caído en la tentación de ese señor\", indicó a Efe el diputado oficialista Rodrigo Cabezas.
El también exministro de Finanzas reconoció que \"es probable\" que Makled tuviera vínculos \"muy fuertes\" con sectores del chavismo porque \"obtuvo una riqueza inusitada\", pero afirmó que \"quien no la debe, no la teme\".
\"¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en lo que este delincuente afirma? No lo sabemos, pero no lo deben decidir los políticos sino los tribunales\", sentenció.
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