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Cuatro familias del edificio Boconó, en una urbanización clase media de la capital de Venezuela, se tuvieron que conformar con vivir alquilados en lo que antes eran guardamaletas, unos incómodos espacios sin drenajes, medidores eléctricos o adecuada ventilación.
“Algunos están pagando 1.500 bolívares al mes (unos 350 dólares al cambio oficial) por estos espacios, de apenas 20 metros cuadrados. La falta de desagües trajo filtraciones y malos olores al edificio, las ratas se meten y el calor es insoportable”, dijo Yuruaní Prado, una de las inquilinas.
El Boconó es uno de los 99 edificios que este mes quedaron protegidos por un decreto que impide el desalojo mientras son vendidos a quienes los han ocupado hasta por 45 años.
El presidente Hugo Chávez, quien tiene intenciones de buscar la reelección en el 2012 para profundizar su revolución socialista, ha prometido en los próximos seis años saldar la deuda pendiente que en materia de vivienda ha acumulado su Gobierno tras más de una década de escasa inversión.
El pilar de esa política fue lanzado a inicios de mayo bajo el nombre de “Gran Misión Vivienda Venezuela”, cuya meta es construir hasta el 2017 las 2 millones de viviendas que -según sus cálculos- cubren el déficit de la población del país de unos 29 millones de habitantes.
El programa está dirigido a viviendas nuevas para que sean habitadas por sus propietarios, pero para la otra arista del asunto, la de los alquileres, se han planteado otras medidas.
Varias leyes nuevas, entre ellas una que regula el desalojo y la reforma de la normativa de arrendamientos vigente, pretenden dar un vuelco al sistema de alquileres en Venezuela, uno de los más caros de América Latina, afectado en los últimos años por una abrupta reducción de la oferta.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela estima que apenas el 2 por ciento de las viviendas del país se destina a renta, en comparación con el 30 por ciento que se alquiló en el 2000.
Las amenazas del Gobierno a la propiedad privada, la congelación de los cánones de arrendamiento por más de ocho años, el incremento de las protecciones al inquilino y un déficit de viviendas que el Gobierno calcula en 2 millones de unidades mantienen los alquileres en peligro de extinción.
Rentar un apartamento de dos habitaciones en el este de Caracas puede costar unos 1.600 dólares al mes, casi cinco veces el salario mínimo, lo que obliga a muchos a alquilar habitaciones, vivir en pensiones con incomodidades o en condición de hacinamiento.
Tras recorrer un tortuoso camino, muchos de quienes encuentran un alquiler accesible luego se resisten a dejarlo.
Indefensos
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, afirma que la insuficiencia de alquileres se deriva del déficit habitacional y cree que los problemas para arrendar seguirán empeorando debido al exceso de regulaciones.
“Al no construirse viviendas, las que están en alquiler cada día son menos y después tenemos una regulación de los cánones que ya va a cumplir nueve años, en un país con una inflación de 25-30 por ciento anual”, dijo.
Martini sostiene que la congelación de precios impide cubrir los gastos operativos de los edificios.
Luis Fernández, quien heredó de su padre dos pequeños apartamentos en la turística isla de Margarita que llevan más de una década en alquiler, puede dar fe sobre la indefensión en que se encontrarían ahora los propietarios... REGRESAR |
| Fecha publicada: 21/05/2011 Fuente: Noticias 24 Tema: bienes Tags: Alquiler en Venezuela
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