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El Gobierno anunció que la economía salió de la recesión con un salto de 4,5%. Los ministros acotaron que se iniciaba un crecimiento sostenido. Pero en realidad, la economía está lejos de crecer sostenidamente, porque la revolución bloqueó las fuerzas naturales del crecimiento.
Lo que estamos viendo es el impacto del gasto público -insostenible- de importaciones de insumos y alimentos inflaccionados en el mercado global, es decir, un efecto precio no ajustado en la traducción del dólar al bolívar.
La característica fundamental en estos dos años es contracción con inflación, y el brinco del 1° trimestre no implica que salgamos de ese arco contractivo, entre otras razones, porque sin sector privado no hay crecimiento sustentable en ninguna parte.
En estos años, se han ejecutado severos cambios institucionales que han arruinado el marco jurídico, penalizado derechos de propiedad y descapitalizado al sector privado. Buena parte de la economía ha sido confiscada y estatificada. La desconfianza y el temor del capital llegó al abasto del barrio, nadie tiene en Venezuela derechos legítimos sobre sus activos, sea buhonero o empresario capitalista consolidado, el Estado es el principal enemigo.
Agricultores, agroindustriales e industriales viven acosados por un gobierno que limita su actividad económica.
El fenómeno es visible en tierras donde se cultivaban azúcares, cereales y leguminosas, y donde se criaba bovino para carne y lácteos. El Estado, convertido contra natura en empresario, no puede mantener la dinámica de crecimiento que mostraron esos activos hoy estatificados.
El incentivo del Estado es la corrupción y esta produce ruina al incentivo privado -el lucro- que genera empresas, empleo y riqueza. Los daños al sector agropecuario son colosales, el rebaño de bovino ha sido reducido en 40%, por una agenda de destrucción para que sectores mercantilistas junto al Gobierno monopolizaran la importación de insumos y alimentos. Argentina y Brasil disfrutan de la descapitalización agroindustrial venezolana.
En la manufactura se han ejecutado hechos similares.
El sector automotriz ensamblaba y producía en Venezuela, antes de la revolución, 80% de los vehículos vendidos.
Actualmente, 70% de los autos para el mercado local salen de los barcos rodando. Además, de 12.000 trabajadores directos en esa industria, hoy solo hay 2000. La descapitalización es obvia.
En materia de construcción, viviendas e infraestructura, la destrucción es similar.
En la cruzada contra los promotores inmobiliarios, se expropian parcelamientos, urbanismos en ejecución y terminados, el sector es azotado por leyes y decretos, confiscación y estatificación. Unas 75.000 viviendas están paralizadas por acción directa del Gobierno, culpable también por la escasez de insumos para el sector.
El cemento producido ayer por cuatro multinacionales con capital y tecnología, hoy en manos oficiales reproduce las viejas taras del Estado empresario, tales como el mercado negro y los favoritismos mercantiles asociados al control de esas empresas.
En cuanto a la infraestructura vial, la falta de mantenimiento y el abandono tiene al país -bajo lluvias- prácticamente incomunicado en vastas áreas del territorio.
La descapitalización del sector eléctrico obligó al Gobierno a un racionamiento ad hoc por no haber atendido las necesidades de inversión del sector.
Los fondos disponibles para el sector eléctrico fueron desviados para liquidar notas estructuradas generadas en el casino financiero del Tesoro y Fonden. Con los fondos restantes el Gobierno adquirió Elecar, empresa que ya muestra signos de descapitalización, a juzgar por el racionamiento eléctrico en el área metropolitana.
En comunicaciones se repite el fenómeno: las utilidades de Cantv se destinaron al fisco; la telefonía móvil se encuentra en estado deplorable por rezago tecnológico y escasa inversión; el servicio de Internet de Cantv, que controla 80% del backbone para entrar en la red, ocupa el puesto 160 (1.02 Mbps) entre 170 países, en velocidad y capacidad de banda, que ya no es ancha. En dos años ha caído 50%.
La CVG (acero y aluminio) fue entregada a teóricos de la sociología hace años, fue destruida. Sidor, otra vez en manos del Estado, muestra caída en la producción de acero en momentos en que el precio en el mercado mundial se duplica. Situación similar se presenta en la industria del aluminio.
En el petróleo, se estatificaron empresas que prestaban servicio a Pdvsa; se acabó con miles de años de capital humano; y se anuló el capital confianza que Venezuela tenía en el mundo.
Además, contratos y acuerdos petroleros con empresas internacionales se violaron y estatificaron; el Producto Interno Bruto petrolero tiene ocho trimestres de contracción; y el país enfrenta litigios internacionales en los cuales no se vislumbran éxitos.
Así, la industria se descapitalizó por razones fiscales, administrativas y políticas, y la producción cayó en 30%.
De allí que los altos precios no puedan con la crisis fiscal y de balanza de pagos.
Por ello, el Banco Central de Venezuela, bombero de última instancia, imprime dinero y administra una política monetaria para satisfacer la voracidad fiscal.
El ente emisor financió con reservas 17.000 millones de deuda pública. La brutal inflación que destruye el bolívar y el ingreso de la gente es producto de ese maridaje incestuoso entre Banco Central y Gobierno.
En resumen, se observa una economía que sobrevive a una contracción solo sostenida por el ingreso petrolero gastado en importaciones, un gasto que estaría detrás del \'crecimiento de 4,5%\' en el primer trimestre, pero que al analizar esos datos encontramos que las distorsiones de precios relativos, causadas por la regulación y el control de cambio, transmiten a la economía los elevados precios -en dólares- que hoy se pagan en el mercado por insumos agropecuarios, alimentos, y bienes diversos, cuya importación la controlan empresas estatales. REGRESAR |
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