En información publicada en El Nacional, se conocieron las condiciones en las que viven familias venezolanas.
Familias enteras viven en edificios semidestruidos y se proveen sus propios servicios básicos y seguridad, destacó el artículo.
Más de 20 cables tendidos desde los postes hasta los apartamentos, sábanas que hacen las veces de vidrios de ventanas y ropa recién lavada tendida hacia la calle advierten sobre la permanencia de 34 familias que se hacen llamar “ocupantes por necesidad” en el antiguo edificio La Marisma, que está ubicado al lado del río Tanaguarena, en el este de Vargas.
Las bases del edificio se inclinaron 2,5 grados, al ser golpeado por los sedimentos que arrastró el caudal durante el deslave de 1999, y luego por la vaguada de 2005. Además, la estructura está permanentemente expuesta a la humedad del río.
Juan Carlos Rodríguez, director de Protección Civil de Vargas, recordó que funcionarios a su cargo realizaron una inspección del edificio y determinaron que era inhabitable: “Está catalogado como una residencia de alto riesgo, porque fue construido en los márgenes del río Tanaguarena y porque no cumple con las condiciones mínimas de seguridad e higiene que debe tener un inmueble”.
Una de las líderes vecinales de la zona, que solicitó el anonimato, contó que el edificio La Marisma fue invadido, en principio, por 6 familias, con la anuencia de la Jefatura Civil de Caraballeda, en el año 2005.
Para abastecerse de agua, recurren a una toma de Hidrocapital; los inmuebles carecen de tuberías de aguas servidas; obtienen la electricidad directamente de los postes del alumbrado público; no sirven los ascensores y tampoco hay rejas para impedir el acceso.
Proyecto inconcluso
En la parte alta de Caraballeda, adyacente a la comunidad 27 de Julio, también está invadido el edificio La Independencia.
Se trata de un inmueble de 9 pisos que estaba en construcción cuando ocurrió la tragedia de 1999, quedó abandonado y luego, cuando la empresa constructora pretendía retomar el proyecto, lo encontró ocupado por más 25 familias.
Pedro Rodríguez, procurador general del estado Vargas, dijo que durante los años 2009 y 2010 el organismo que dirige intentó servir como mediador entre invasores y propietarios de inmuebles en la entidad, sin embargo, fueron pocos los avances y esas familias continúan en una situación de ilegalidad que los excluye de la posibilidad de ser beneficiarios de algún programa de recuperación de inmuebles.
“No avalamos invasiones, porque estamos en contra de lo ilegal. Y en este momento, en medio del déficit de viviendas que existe en el estado y en el país, estos ocupantes dejaron de ser una prioridad. Tenemos que atender, primero que nada, a las más de 10.000 personas que están en refugios”, señaló el funcionario.
Al respecto, Rodríguez indicó que estos invasores deben formalizar su petición ante la Gran Misión Vivienda para que sean tomados en cuenta en los planes de reubicación que se desarrollarán una vez que se construyan las casas proyectadas para Vargas. Agregó que los propietarios que han visto afectado su derecho a la propiedad privada deben acudir al Ministerio Público para formalizar sus denuncias y obligar a que el ente judicial gire instrucciones a los organismos de seguridad.
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