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No es posible “que un delito penado hasta con 11 años de cárcel” quede impune con las adquisiciones forzosas que se ejecutan de inmuebles ocupados de forma ilegal, manifestó el coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbano (Apiur), Raimundo Orta Poleo, así lo informó Diariolavoz.net.
Ante la ola de expropiaciones que lleva a cabo el Gobierno en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el fin de solucionar la crisis habitacional del país, el coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbano (APIUR), Raimundo Orta Poleo alertó sobre el riesgo de futuras invasiones debido a que la adquisición forzosa de edificios previamente ocupados de manera ilegal, significa premiar a los invasores y estimularlos a hacerlo de nuevo.
Para ello puso como ejemplo el caso de los 44 inmuebles expropiados el pasado jueves 26 de mayo, en el municipio Libertador, los cuales fueron invadidos en la última década, considerando que convalidar este tipo de acciones constituye un incentivo para que la gente continúe ocupando ilegalmente los bienes ajenos. El abogado especialista en materia inmobiliaria, señaló que el 95% de las expropiaciones adelantadas por el Gobierno no han sido pagadas.
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