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El presidente de la Cámara de Educación Privada, Octavio Delamo, señaló que es "extemporánea" la resolución emanada por los ministerios del Poder Popular para Industrias Ligeras y Comercio (Milco), en la que se mantienen para el año escolar 2007-2008 los montos cobrados durante el año escolar 2006-2007 para la matrícula y mensualidades escolares de los planteles educativos privados que impartan enseñanza en los niveles de educación inicial, básica y media diversificada y profesional.
Delamo dijo a Unión Radio que la resolución "demuestra un gran desconocimiento de lo que es el sector educativo privado de parte de los dos ministerios. El Milco desconoce por completo que ha habido un proceso inflacionario y el Ministro de Educación está demostrando su desconocimiento de lo que son los procesos de inscripción en los colegios privados".
Explicó que el pasado mes de abril se hace la planificación del presupuesto y programa para el año venidero, y en el mes de mayo los padres inscriben a sus hijos en los colegios, "es decir que en el momento en que sale la resolución los convenios entre colegios y padres ya están absolutamente cerrados, y esta resolución es extemporánea y pretendería efectos retroactivos y esto la coloca en una situación de inconstitucionalidad, porque ningún instrumento legal puede afectar decisiones o acuerdos anteriores".
Como Cámara de la Educación Privada, Delamo dijo que no se verán afectados "porque no puede esta resolución anular el proceso de inscripciones y de acuerdos con los padres".
"Una resolución de este calibre pretende asfixiar a los colegios privados, porque la inflación esta por encima del 20 por ciento y además existen cantidad de insumos educativos que se conseguían antes con dólares preferenciales y hoy en día no se consiguen y significaría que no poder cubrir los presupuestos ya programados, la disminución de la calidad o la desincorporación de algunos proyectos que estamos haciendo".
La resolución, añadió, pretende "atentar contra la libre empresa y la libre propuesta educativa", y también "quiere limitar la libertad que tienen los padres de escoger la educación que desean para sus hijos y de disponer de los recursos que crean conveniente para pagarla de acuerdo a la aspiración de calidad que tienen".
Agregó que la resolución es un instrumento económico con intenciones políticas.
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