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¿Puede alguien con elemental criterio de equidad justificar las escandalosas y hasta criminales tarifas de las clínicas y demás servicios privados de salud? Aunque no falte quien lo haga de la boca para afuera, lo cierto es que el sentimiento mayoritario que uno percibe en la calle y particularmente en las salas de espera, es de un manifiesto rechazo a la discrecionalidad e impunidad con las que actúan los entes privados dispensadores de salud.
Salvo los más acaudalados oligarcas, tanto los que vienen de la cuarta república como los enriquecidos en nombre de la quinta, nadie que viva de un salario o de un modesto negocio legal puede dejar de sentirse atracado al tener que pagar las obscenas facturas que emiten las clínicas, laboratorios y la mayor parte de los consultorios privados.
Obvio que la altísima demanda que tienen estos servicios, tanto el que brindan los centros de salud comerciales como los ofrecidos individualmente por profesionales en el libre ejercicio, está alimentada por la deficiente prestación de los ambulatorios y hospitales oficiales. Aunque no puede negarse que, con sus aciertos y sus errores, el Gobierno ha hecho esfuerzos por mejorar el servicio público (Barrio Adentro, Clínicas Populares, Centros de Diagnóstico Integral) no ha logrado superar medianamente los evidentes problemas estructurales que éste arrastra ni impedido que se extiendan hasta los nuevos programas y establecimientos de salud.
Algo grave debe estar pasando en la red oficial para que, lejos de disminuir, sea notoria la masiva afluencia de ciudadanos al sistema privado. Y no me refiero sólo a la natural afluencia de sectores altos y medios de la sociedad, sino incluso de los sectores populares que no ven satisfechas sus necesidades en el sistema público y resultan forzados a caer en las fauces privadas. Tan grave o más es que la cúpula oficialista no ponga un pie en los consultorios de Barrio Adentro ni en la red de ambulatorios y hospitales estatales ni siquiera para guardar las apariencias. Muy elocuentes son los casos de la familia presidencial y de la dirigente popular Lina Ron, quienes a la hora de las chiquiticas han preferido no exponerse a las contingencias de la muy propagandizada red gubernamental. Ni qué decir del presidente del Colegio Médico del Distrito Capital y máximo líder de los galenos chavistas, Fernando Bianco, a quien no he visto desmentir que en recientes padecimientos desechó las virtudes del complejo curativo del Estado y se entregó a los cuidados de una clínica particular.
Eso, por supuesto, no justifica en absoluto las elevadísimas tarifas y honorarios de quienes practican la medicina en el ámbito privado, cuyos precios parecen haberse hasta cartelizado.
El presidente Hugo Chávez no descubrió el agua tibia al comentar lo que los venezolanos de todas las tendencias venimos apreciando desde tiempo atrás: la impúdica mercantilización que impera en las taquillas de las clínicas, consultorios y, sobre todo, en las mentes de muchos profesionales que tienen al juramento médico como un mero peaje académico y gremial. Muchos de ellos, curiosamente, son los mismos que laboran simultáneamente para el sistema público y el privado.
La amenaza de estatizar las clínicas me parece inviable: a un Estado que no ha podido sanear y elevar la calidad de los hospitales y demás centros públicos no lo veo capaz de asumir con éxito la administración de las clínicas privadas. Pero aplaudo -y con entusiasmo- el propósito de controlar y regular las tarifas de los servicios privados de medicina. Hay que ponerle freno a este atraco que compromete el buen prestigio de las batas blancas REGRESAR |
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