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Hablar hoy día de la tortura en una sociedad democrática como la nuestra pudiera sonar extraño y hasta escandaloso. Sin embargo, podemos afirmar que aún en Venezuela, esa práctica nefasta y denigrante que atenta contra la dignidad humana sigue estando presente con notable fuerza en los cuerpos de seguridad del Estado.
En un informe reciente publicado por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización de derechos humanos con 22 años de trayectoria atendiendo a víctimas de abuso policial y militar, se da cuenta de un total de 385 denuncias de tortura y tratos crueles y degradantes registradas por la ONG entre 1995 y 2007, las cuales permanecen absolutamente impunes. Sólo desde enero de 2006 hasta junio de 2007, la Red de Apoyo ha recibido 49 denuncias de personas que fueron detenidas, torturadas y posteriormente liberadas por ser inocentes. Ninguno de esos casos ha llegado a la etapa de juicio porque el Ministerio Público no ha presentado los actos conclusivos.
El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, fecha que sirvió para recordar que Venezuela continúa en mora con el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y con su propia población, toda vez que: no se ha creado una legislación adecuada para prevenir y sancionar esta práctica (dando cumplimiento al mandato constitucional establecido en la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna); tampoco se han elaborado programas específicos de rehabilitación de las víctimas; y el Estado no ha cumplido con la presentación de informes ante el referido Comité, donde se expliquen las acciones emprendidas en contra de la tortura en el país.
En este sentido, es pertinente recordar una vez más las recomendaciones y exigencias que las organizaciones de derechos humanos junto a las víctimas y sus familiares han planteado a las autoridades, entre las cuales destacan:
1. Elaborar una ley para prevenir y sancionar la tortura.
2. Proceder a una amplia y efectiva reestructuración y depuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (principal organismo denunciado en estos casos).
3. Investigar a los funcionarios y funcionarias de la Policía Metropolitana responsables de torturas y otros crímenes, y depurarlos de la institución.
4. Depurar de la Fuerza Armada, especialmente de la Guardia Nacional, la Armada y los componentes adscritos a los Teatros de Operaciones, a aquellos funcionarios incursos en torturas y otras violaciones a los derechos humanos.
5. Brindar una amplia formación en Derechos Humanos a los fiscales del Ministerio Público y al personal de la Medicatura Forense.
6. Mejorar los sistemas de inspección y supervisión en el Ministerio Público.
7. Elaborar con la participación de la sociedad y presentar ante Naciones Unidas, el informe sobre la implementación de la Convención Contra la Tortura.
8. Investigar y sancionar a los culpables de la aplicación de tortura, así como a los responsables de que ésta permanezca impune.
9. Por último, renovar el compromiso establecido en el artículo 173 de la primera Constitución de la República (diciembre de 1811), de abolir perpetuamente la tortura. REGRESAR |
| Fecha publicada: 16/07/2007
Fuente: El Universal
Tema: gobierno
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