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Luego de varias solicitudes formales para dialogar con el ministro de Educación, Adán Chávez, Josefa Blanco de Farías se confiesa cansada. "Al menos seis veces hemos solicitado una entrevista", dice. Un silencio rotundo ha sido la respuesta. El punto a conversar eran las resoluciones 253 y 131 del Ministerio de Educación y de Industrias Ligeras y Comercio del pasado 25 de junio a través de las cuales se congelan las matrículas y mensualidades del año escolar 2007-2008.
La medida ha sido rechazada por la Asociación de Institutos de Educación Privada (Andiep) –organización que agrupa a 368 colegios privados– y por otros organismos como la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep) y la Asociación Venezolana de Educación Católica (Avec), por considerar que socava la calidad del servicio y viola la libertad de elección de los padres y representantes, quienes en asambleas han aprobado los aumentos.
Hasta esta semana la Andiep se había negado a impugnar la medida ante los tribunales como lo han anunciado Cavep y Avec. "Entre el martes y el jueves acudiremos al Tribunal Supremo para introducir un recurso de nulidad", precisa Blanco.
–¿Qué exigen?
–Nos decidimos por recursos de nulidad por cuanto la resolución (de congelamiento de las tarifas) es totalmente extemporánea. Consideramos que los padres y representantes tienen todo el derecho a reclamar y a que se les respete su voluntad.
–¿Qué respuesta han tenido del Ministerio de Educación?
–El ministerio se ha hecho el sordo y el mudo. No nos ha contestado absolutamente nada.
–¿Cuántas veces han solicitado hablar con el ministro Adán Chávez?
–Desde enero, cuando asumió sus funciones como ministro, hemos solicitado hablar con él seis veces; lo hemos hecho a través de faxes, correspondencias y hasta remitidos en la prensa. No ha sido capaz de darnos una entrevista.
–¿Cuál ha sido la respuesta de las regiones a la congelación de tarifas?
–En todos los estados los planteles están respetando la voluntad del soberano nuestro, que son los padres y representantes. Esa voluntad es que están decididos a apoyarnos en nuestra solicitud y exigencias. Ellos sí conocen cómo funcionan las instituciones donde estudian sus hijos.
–Algunos sostienen que lo que sucede es similar a la situación de las clínicas: una migración del sistema público hacia el privado con el consecuente impacto debido al descenso en la calidad del primero. ¿Coincide con ese razonamiento?
–Ese es el gran problema: que la nómina se lleva demasiado dinero.
–¿Tiene estadísticas sobre el aumento de la población de alumnos?
–No las tengo a mano. Lo que puedo decir es que son muchos los niños que actualmente están buscando cupo en las instituciones privadas.
Hoy mismo he tenido que rechazar a 10 representantes que vienen del sector público porque no tengo cupo.
–¿Es cierto que hijos de funcionarios asisten a colegios privados?
–Sí. Aquí en Anzoátegui es así.
Hijos de gobernadores, alcaldes y altos funcionarios de los estados. Casi siempre ha sido así en la historia reciente del país. La gente cuando tiene a su alcance inscribir a su hijo en un plantel privado lo hace.
–¿Se puede hablar de un precio justo para la educación privada?
–Si se maneja en una banda de entre 15% y 25% podría ser. Hay que analizarlo con el ministerio de Educación, pero me cansé de esperar.
–¿Cuál cree que es la intención del Gobierno con estas medidas?
–Asfi xiarnos en el aspecto económico. Pero los padres sí han mostrado conocimiento de cómo operan los planteles. Por eso será muy difícil para el Gobierno mantener la resolución.
–¿Puede explicar la estructura de costos de un plantel promedio?
–Entre 70% y 75% se lo lleva la nómina de personal, el restante 35% a 30% se dedica a acondicionamiento, ampliación y proyectos, siempre atendiendo las estrategias que se tracen según la calidad educativa.
–¿Cómo ha evolucionado el porcentaje destinado a pago de personal en los últimos años?
–Los aumentos salariales siempre han sido determinados unilateralmente por el Gobierno. Los hemos acatado y hemos tenido que trasladarlos a las mensualidades, pues en la Andiep no recibimos ninguna ayuda gubernamental. El Gobierno ha querido confundir a la opinión pública diciendo que entrega 500 millones de bolívares al sector educativo privado, pero tendría que aclarar a cuáles instituciones.
–¿Cómo ha sido ese incremento?
–No ha habido planificación concertada entre el Gobierno y las instituciones privadas para eso. Mientras el año pasado al personal docente se le incrementó 15%, al obrero se le aumentó 20%. Cuando el Gobierno impone un alza del sueldo mínimo sube la escala de salarios. Se debe mejorar el poder adquisitivo del resto del personal porque no se puede igualar un obrero a un docente. REGRESAR |
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