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Entre 1000 y 2000 operaciones de permuta se realizaban los días en que se registraron las transacciones por las que acusan a los directivos de Econoinvest de comercialización ilícita de divisas. Las diez transacciones que presenta el Ministerio Público en su acusación se realizaron entre enero y abril de 2010, antes de la última modificación hecha a la Ley de Ilícitos Cambiarios.
Así lo declaró hoy uno de los acusados de este caso, Juan Carlos Carvallo, en el proceso de interrogatorio que se lleva a cabo en el juicio oral y público que se realiza en el Tribunal Quinto de Juicio, dirigido por Rodolfo Romero.
El detenido fue interrogado por segundo día por los fiscales del Ministerio Público, Daniel Guedez, y Samuel Acuña. También la abogada defensora Beatriz di Totto realizó una serie de preguntas al acusado.
Carvallo enfatizó en que las operaciones hechas por Econoinvest siempre se realizaron con títulos valores, y que el registro de esas transacciones consta en el Sicet, sistema administrado y manejado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Indicó también que como casa de bolsa y sociedad de corretaje, Econoinvest no necesitaba licencia de operador cambiario, pues las figuras que ameritan esa autorización son las casas de cambio.
Ante las preguntas del fiscal Guédez sobre la posibilidad de la negociación específica de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) en otra divisa, Carvallo explicó que por estar denominados en dólares, estos papeles podían negociarse en esa moneda, y que las resoluciones respectivas lo que establecían eran la permisología para su negociación en bolívares.
Recalcó ademas que la transferencia de la propiedad del bono sólo la podía hacer el BCV.
El juicio oral y público continúa el próximo martes a las diez de la mañana, según dispuso el juez Rodolfo Romero. Sera entonces cuando Ernesto Rangel, otro de los cuatro directivos de Econoinvest detenidos, presente su exposición y sea interrogado tanto por la Fiscalía como por la defensa.
Aún el Tribunal Quinto no se pronuncia sobre la medida cautelar solicitada por la defensa para que los acusados continúen el juicio en libertad, luego que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU declarara como arbitraria la detención de los cuatro detenidos: Juan Carlos Carvallo, Ernesto Rangel, Herman Sifontes, y Miguel Osío. REGRESAR |
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