El asomo de una posible reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión pareciera no pasar de ahí, al menos en el plano legal.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no se quedó sólo con los pronunciamientos de la Cámara Venezolana de Empresas de Televisión por Suscripción (Cavetesu) y de Rctv Internacional, ante el anuncio del ministro de Comunicación e Información, Willian Lara.
El sector que representa a las compañías de cable y satélite salió al paso a tales declaraciones para informar que es imposible, desde el punto de vista técnico y legal, encadenar las señales provistas desde el exterior. Mientras, Rctv Internacional justificaba por qué la estación está obligada a cumplir sólo parte del articulado de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, como la relativa a la publicidad de licores y cigarrillos, no así a transmitir las alocuciones presidenciales, mensajes institucionales y el Himno Nacional.
Pero, en vista de que el artículo 1 de la denominada Ley Resorte, en su parágrafo 2, es claro, al precisar que son objeto del instrumento los servicios de producción nacional audiovisual difundidos a través de la televisión por suscripción, la reforma anunciada por el ministro Lara no se concretará, al menos por ahora.
Por lo pronto, Conatel solicitó a las empresas de este sector los contratos firmados con todos los proveedores de contenido, es decir con los canales que cada uno de ellos ofrece al público.
Mario Seijas, presidente de Cavetesu, informó que con la revisión de los contratos, el ente regulador pretende analizar la territorialidad de cada una de las estaciones, de manera de precisar si es aplicable la Ley Resorte.
No obstante, la tarea que deberán cumplir las empresas del sector en los próximos cinco días hábiles, contados a partir del pasado lunes 23 de julio, no luce fácil si se toma en cuenta que la mayoría de los contratos están blindados por cláusulas de confidencialidad.
De allí que el sector propondrá a Conatel aceptar los borradores de contrato y no la "palabra final" para evitar inconvenientes con los proveedores de contenido.
Incluso, se maneja la posibilidad de que las empresas de difusión por suscripción soliciten prórroga al plazo establecido originalmente por la comisión para la entrega de la documentación respectiva.
A Seijas le da la impresión de que la intención no es reformar la ley vigente desde diciembre de 2004, como asomó la semana pasada el titular de Comunicación e Información, sino más bien tomar decisiones sobre la base de lo que está escrito.
Por lo pronto, Rctv se adelantó al introducir un pliego en el que suministra información completa a Conatel sobre su nueva operación. REGRESAR |
