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El secretario ejecutivo de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo informó, que en horas de la mañana de este martes se introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un segundo Recurso Contencioso Electoral contra las votaciones efectuadas en 5.729 mesas electorales; 21.562 actas de escrutinio automatizadas y un acta de escrutinio de contingencia del proceso electoral del 14 de abril de 2013, así como contra los actos de totalización, adjudicación y proclamación que devinieron del mismo proceso.Acompañado por Liliana Hernandez, representante del Comando Simón Bolívar ante el CNE, Aveledo apuntó que la impugnación compromete 2.320.490 votos, y se encuentra basado en lo dispuesto en los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 217 de la Ley Organica de Procesos Electorales. Explicó, que dicha solicitud es mas específica a la introducida por el cuerpo legal del Comando Simón Bolívar en días previos, en la que solicitaban la anulación por vicios de las elecciones presidenciales en su totalidad, ya que esta solo establece la consideración de las mesas comprometidas con vicios de inconsistencia tales como: hechos de violencia demostrables a los electores y/o testigos electorales, inconsistencias entre los datos del acta y las papeletas de verificación o la carencia de datos específicos como la cantidad de electores que sufragaron en las actas comprometidas. El secretario ejecutivo de la Unidad agregó que en el escrito se recusó la nulidad de proclamación de los magistrados de la sala electoral, Janet Madrid Sotillo y Malaquías Rodríguez por estar comprometidos de forma pública y notoria con el partido de gobierno. Esta impugnación se suma a la ya presentada por Henrique Capriles, y compromete el 55,4% de las actas de escrutinio de todo el país. 'Cuando se trata de derechos, todos los afectados pueden adherirse a solicitar el respeto de los mismos. Concluido nuestro uso de las instancias nacionales, en el caso de que estas no den una respuesta apegada a leyes, tendremos opciones de llevar las pruebas de estos hechos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, así como a los mecanismos que dispongan Unasur y Mercosur para hacer conocer y valer los derechos electorales de los votantes', sentenció.
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