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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió ayer dejar en el Ministerio de Vivienda y Hábitat la posesión, administración y control del Complejo Cemento Andino, con lo cual cesa la junta ad hoc que manejaba la empresa desde hacía un año.
La sala del TSJ, con ponencia de Luisa Estella Morales Lamuño, solicitó a la Asamblea Nacional que le envíe la declaración de utilidad pública de Cemento Andino, medida emitida el jueves pasado por el Parlamento. También le pidió al Ministerio de la Secretaría remitir el decreto de expropiación de la empresa.
La decisión del máximo tribunal de la República mantuvo la medida cautelar -dictada inicialmente por la Sala Constitucional- que protege la estabilidad laboral de los trabajadores de la planta cementera, localizada en el estado Trujillo.
La audiencia -en la cual estuvieron todos los magistrados de la sala- se celebró con ocasión de la solicitud de avocamiento efectuada por Marcela Máspero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, y Simón Ramos Farías, declarado en 2006 -por otra decisión judicial- dueño de Cemento Andino.
Alexander Santos, representante de los trabajadores en la junta administradora ad hoc -designada por el Ministerio del Trabajo el 15 de agosto de 2006-, manifestó que acatará la decisión del TSJ. Dijo que el personal de Cemento Andino espera que el presidente Hugo Chávez decrete pronto la expropiación, como el paso siguiente a la declaración de utilidad pública.
Defienden gestión.
Santos insistió en que durante su gestión los resultados de Cemento Andino mejoraron sustancialmente: el flujo de caja alcanza 26 millardos de bolívares. Refirió que hace un año las cuentas estaban en cero, debido a la administración durante 5 meses de Simón Ramos Farías, quien presuntamente desvió recursos (40 millardos de bolívares) a cuentas personales, lo cual fue denunciado.
Indicó que la junta ad hoc puso al día los pasivos laborales, además de incorporar a la nómina de fijos (387 empleados) un centenar de trabajadores subcontratados.
La planta tiene una capacidad de producción de 560.000 toneladas métricas anuales de cemento. Cemento Andino estaba en la lista de 800 empresas privadas recuperables para ejercer su manejo bajo el modelo de la cogestión obrera.
Con la privatización a finales de la década de los 90, el grupo colombiano Argos -a través de su filial Corporación Cemento Andino- adquirió 60% de la empresa, mientras que el Estado se quedó con 40%. En 2006 -mediante decisión judicial- Simón Ramos Farías fue declarado su propietario.
Máspero destacó ayer en la mañana, en rueda de prensa, la labor de la junta ad hoc y la medida cautelar que garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores. REGRESAR |
| Fecha publicada: 08/08/2007
Fuente: El Nacional
Tema: empresas
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