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En su discurso de toma de posesión como Ministro de Cultura (abril de 2003) Francisco Sesto ya hablaba de la creación de "una vasta estructura horizontal" para equilibrar el tratamiento de la cultura por parte del Estado entre Caracas y el interior del país.
"Para conformar esa trama", dijo entonces, "estamos concibiendo la formación de consejos locales de la cultura, allí donde se identifique a sí misma una comunidad por pequeña que sea. Ellos se irán uniendo en consejos municipales y éstos a su vez en consejos estadales y regionales. El sistema tendrá su más alta expresión en una gran asamblea nacional de la cultura, concebida más como una cabeza rectora que como la gran coordinadora del universo cultural venezolano".
Sesto ha dicho que la nueva estructura político administrativa planteada en la Reforma Constitucional permitiría darle más poder al pueblo: el fin último de la propuesta.
Sin embargo, hay quienes ven con desconfianza una intención de dominio, disfrazada de un supuesto poder popular, donde es la comunidad la que diseña y participa de una política cultural dictada por el gobierno.
Para el crítico de arte Perán Erminy, esa estructura sólo aleja a los electores del poder local y, lo más grave, anula la importancia de la especialidad: "El pueblo no puede tomar decisiones sobre temas que requieren del especialista. Puede opinar y participar, pero no decidir sobre lo específico en ninguna materia".
El arquitecto y museólogo Guillermo Barrios considera que lo que la Reforma llama colectivo o decisiones comunales finalmente quedarían a discreción del funcionario público. Tal y como sucede en la relación de poder vertical en el ministerio: "Quien decide es el vértice de la pirámide bajo la excusa de poderes comunales, elementos vacios de un discurso que en la práctica se expresa en la toma de decisiones desde la más alta jerarquía, al modo militarista".
En su opinión, esa forma de actuar limita las iniciativas y el liderazgo: "Repiten todo el tiempo que hay un solo líder y eso se refuerza con la Reforma, con lo cual anulan la posibilidad de darle poder al pueblo".
Otro foco al que hay que prestar atención, según Barrios, es el de un centralismo exacerbado que no necesita de una reforma constitucional para que exista, pues ya es patente una excesiva centralización de la toma de decisiones. Y menciona un ejemplo: "No hay convocatoria para la construcción de los bienes culturales. La Villa del Cine fue contratada a dedo".
En esto coincide Erminy: "No es que la gente decide sino que se le impone. Se trata de una imposición cultural desde el poder, que es más centralizado que nunca". Cree que la reforma sólo reforzará mecanismos que se vienen gestando desde hace años: la exclusión de todo proyecto que no tenga un abierto apoyo al proceso. Asegura que tiene experiencia en e llevar proyectos y que estos sean rechazados: "Ahora no se acepta ninguna propuesta. Todo tiene que venir de adentro".
Barrios y Erminy coinciden en que la Reforma acentuaría un poder centralista, autocrático y personalista en cuanto a la política cultural. Mientras que el desempeño quedaría bajo el control de la mirada de los funcionarios públicos. "Se les dará más poder a los funcionarios, pero no al pueblo. No si los mecanismos de participación popular pasan por el nombramiento de funcionarios por parte del Ejecutivo", remata Guillermo Barrios. REGRESAR |
| Fecha publicada: 11/09/2007
Fuente: El Universal
Tema: cultura
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