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El anteproyecto de reforma constitucional sigue generando preocupación en distintos sectores de la vida nacional. Los empresarios del sector telecomunicaciones temen que el Estado se reserve los servicios de telefonía por cable, inalámbrica y satelital, así como el de la televisión por suscripción, de acuerdo con lo que establece el numeral 30 del artículo 156 del papel de trabajo en manos del Poder Legislativo.
En la Constitución de 1999 el Poder Público Nacional se hacía cargo del régimen general de los servicios públicos domiciliarios, en especial, electricidad, agua potable y gas, mientras en esta oportunidad se amplía el control hacia las telecomunicaciones.
Alberto Scharffenorth, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), comenta que en la ley orgánica que rige a esta industria, promulgada en el año 2000, los servicios de este tipo son calificados como de interés general y no servicio público, lo que daría paso a regulaciones de todo tipo por parte del Estado sobre un sector que ha registrado un significativo crecimiento desde 2000.
Además, advierte que el anteproyecto padece de fallas en lo que a técnica jurídica se refiere, pues da rango constitucional a una norma que no tiene sustento sublegal, además que contraviene la Ley Orgánica de Telecomunicaciones vigente.
La visión es compartida por el organismo regulador, que avala el que las telecomunicaciones sigan siendo un servicio de interés general, susceptible de regulación tarifaria, pero se advierte que no es posible regular la tecnología, dada su continua evolución.
No ha preocupado tanto en el sector que, además de administrar el espectro radioeléctrico, el Estado lo controle, pero sí el que se elimine el rango de derecho a la propiedad privada, dado su efecto sobre la seguridad jurídica.
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| Fecha publicada: 17/09/2007
Fuente: El Mundo
Tema: telecom
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