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La aprobación de la reforma constitucional, tal como está planteada, elevará la volatilidad e incertidumbre que caracterizan a la economía local. Según análisis de Pavel Gómez y Richard Obuchi, profesores del IESA y directivos de ODH Grupo Consultor, la propuesta presidencial "generaría sustantivos impactos económicos directos e indirectos" a través del ordenamiento regulatorio. Señalan que la reforma "reduce la protección a la propiedad privada e introduce elementos que incrementan los costos asociados a su protección". Y advierten dos aspectos que les resultan "preocupantes".
Se trata del artículo 115, que hace explícita la facultad de los órganos del Estado de ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de expropiación. Y del artículo 307, el cual establece que se confiscan haciendas cuyos dueños utilicen o permitan su utilización como espacios para la comisión de delitos contra la seguridad y defensa de la nación.
"La ambigüedad sobre cuáles son los delitos contra la seguridad y defensa de la nación", indicaron, "abre la posibilidad de confiscar propiedades agrarias por razones políticas".
Gómez y Obuchi reiteraron que los cambios sugeridos "generan mayores dudas sobre la protección de los derechos de propiedad en general, aun cuando representan una clara continuación de las políticas oficiales en estas áreas, con lo cual potenciales expropiaciones e intervenciones en la actividad privada por parte del Gobierno van a contar con un mayor grado de respaldo institucional".
Imprecisión
El informe de ODH Grupo Consultor se refiere también a la prohibición de los monopolios, incluida en la reforma. Y precisa que existen razones legítimas por las cuales una empresa puede ser un monopolio: elementos económicos (existencia de grandes economías de escala), restricciones del tamaño del mercado (demanda relativamente pequeña), mercados geográficos (costos de transporte limitan la competencia) o incluso disposiciones legales (patentes), preferencias del consumidor.
En opinión de los economistas "la propuesta no establece las condiciones en las cuales una empresa pueda considerarse monopolio, lo cual abre la posibilidad de que una reglamentación en dicha materia establezca parámetros arbitrarios o discrecionales"; incluso "existe un importante riesgo" para algunas empresas "de exponerse a sanciones".
En el estudio destacan además que la modificación a la Constitución contempla que el Estado pueda reservarse la explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien del dominio de la nación de carácter estratégico o de la prestación de servicios públicos vitales.
"Una vez más", apunta el documento, "el Gobierno goza de una gran discrecionalidad para definir lo que se considere estratégico o vital en estas áreas, lo cual pone en riesgo de expropiación o confiscación a un gran número de empresas".
La volatilidad económica, asociada a los precios del crudo, se acentuaría con estos cambios regulatorios, indicaron. REGRESAR |
| Fecha publicada: 17/09/2007
Fuente: El Universal
Tema: economia
Tags: Reforma Constitucional
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