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En 1999 se produjo un golpe de Estado contra la Constitución vigente de 1961, con la participación de la Corte Suprema de Justicia de la época y ante la pasividad del Congreso, cuya soberanía estaba fresca porque estaba recién electo. Se permitió, entre otras cosas, que el nuevo Presidente prestara un juramento inválido. Se hicieron elecciones para una Asamblea Constituyente a la cual se le reconoció naturaleza originaria, y se alteraron los principios de un sistema que fue un caso singular de estabilidad política.
Porque la de 1961, inspirada en el magnífico texto de 1947, fue con las de l830 y 1864, la referencia más significativa de esta aglomeración que hemos pretendido llamar república, pues dolorosamente se olvida que la República venezolana nunca ha existido, como lo argumento en mi libro Los demonios de la de mocracia (El Nacional, Ediciones Fuera de Serie, Caracas, 2006).
Pasando momentáneamente por alto que mediante una instrumentación caprichosa se estableció un hilo de legalidad ficticia, mediante un congresillo y otras peripecias, terminó un texto apresurado, mal redactado, de caprichosa sintaxis que, además, es una aglomeración de lugares comunes. Constitución larga, palabrera, aglomeración violatoria de la recomendación de prudente ingeniería política, según la cual el documento más importante del Estado debe ser breve. Los países atrasados están tentados por las constituciones largas. Las sociedades serias buscan los textos breves.
El hecho es que se aprobó en un referéndum efectuado bajo la lluvia torrencial en un día de tragedia nacional, el 15 de diciembre de 1999.
Las venezolanas y los venezolanos hemos acatado ese texto y, pasando por fuera y por encima del ambiente en que se aprobó, la aceptamos como la Constitución del Estado y vigilamos su cumplimiento. Pero ahora es el Presidente de la República el que se le enfrenta y propone su derogación parcial, pero en puntos fundamentales, por un método que viola el principio constituyente y terminará con lo más grave que le puede ocurrir a un sistema político: la pérdida de legitimidad.
Si se aprueban las reformas de la manera propuesta por el jefe del Estado se alteran principios esenciales del orden político, y el pretendido referéndum se transforma en plebiscito ilegítimo y antidemocrático.
Al convertirse el ejercicio del poder en función vitalicia, mediante el argumento de la elección cada siete años, adoptarse el socialismo y vulnerarse las libertades fundamentales, el sistema definido en la Constitución de 1999, que es democrático y plural, se derrumba.
Mediante un acto de liturgia política se simula una consulta al pueblo y el supremo, desde arriba y con todo el peso del Estado, impondría su voluntad contra la mayoría del país que es adversa a la iniciativa y otra buena parte que es indiferente a cambios de esta naturaleza.
El presidente Chávez intuye que el tiempo está contra él porque su gobierno no cumple, es un fracaso espectacular y los vientos internacionales cambiarán para venir de frente. Él ha podido sobrevivir al reto, primero, por su innegable suerte; segundo, por el petróleo, y tercero, porque mientras esté Bush en la presidencia de Estados Unidos conseguirá aliados automáticos en gran parte del mundo. ¿Qué sería de Chávez sin el petróleo y sin Bush? El Estado requiere del reposo del estadista que no gobierna de pie ni frente a un micrófono, sino inclinado sobre papeles, informes o en visitas de inspección y seguimiento administrativo. En lugar de andar volando en el superplano de la imaginación infantil, debería examinar las causas de por qué sus órdenes no se cumplen y por qué el Estado y la sociedad están desapareciendo para convertirse en una diabólica mueca colecticia. Se le pide que gobierne, que administre la cosa pública, que se ocupe de una población cuyos niveles de vida han empeorado. De unas escuelas que no pueden abrir puntualmente porque la ineficacia del sistema ha multiplicado los vicios y las carencias del pasado.
¿Qué puede hacer el país nacional, el país venezolano? No hay sino una respuesta: movilización popular, expresión pública del descontento, negativa abierta a una violación de la Constitución. Disentimiento pacífico pero masivo y rotundo contra un proyecto de socialismo real que tratan de reanimar en Venezuela los que quedaron cesantes al final del comunismo del siglo XX. No son guarimbas ni ejercicios de ramplonería jurídica, sino actos de voluntad colectivos, abiertos, iluminados por la luz de la calle y por la fuerza que tienen las movilizaciones en todo el mundo REGRESAR |
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