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La propuesta de cambio constitucional presentada por el presidente de la República, Hugo Chávez, formaliza situaciones y figuras jurídicas que de hecho ya ocurrían dentro de la administración del Estado.
El anunciado tránsito hacia una república socialista requiere de un andamiaje constitucional que legitime situaciones como las ocupaciones preventivas de tierras, la vigilancia estrecha sobre las cadenas productivas y comercializadoras de alimentos o las empresas mixtas del sector petrolero.
Primero ocupo
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vigente desde 2001 y con una reforma de 2005, estableció una polémica prerrogativa para el Instituto Nacional de Tierras (INTI), para ocupar mediante medidas cautelares predios susceptibles de rescate antes de los procesos judiciales.
Esta figura ahora toma un cariz constitucional, pues la propuesta de reforma indica en el artículo 115 que se podrá ocupar previamente una propiedad, sin perjuicio de la facultad del Estado para expropiarlos.
Sin embargo, esta situación ya ocurre, pues en el sector agrícola la Reforma a la Ley de Tierras establece que el INTI "en el rescate de las tierras de su propiedad, podrá dictar medidas cautelares de aseguramiento de la tierra susceptible de rescate".
Ya la ocupación previa había sido eliminada, pues el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 89 y 90 de la Ley de Tierras. No obstante, la decisión del TSJ fue evadida por la posterior Reforma a la Ley de Tierras, sancionada por la Asamblea Nacional en 2005.
Una situación similar se presenta en el sector productor de alimentos, que ahora constitucionalmente sería objeto de posible expropiación.
La reciente oferta constitucional del presidente Chávez propone que "para garantizar la seguridad alimentaria, la República podrá asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola indispensables a tal efecto (...) así como utilizar a plenitud las potestades de expropiación, afectación y ocupación".
Ya la Ley contra el Acaparamiento -vigente desde febrero de 2007- contempla que "son de utilidad pública e interés social, todos los bienes necesarios para la producción, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios. El Ejecutivo podrá, sin mediar otra formalidad, iniciar la expropiación por seguridad y soberanía alimentaria".
Las reservas en sus manos
El manejo de las reservas internacionales que ejecutaba el Banco Central (BCV) fue modificado en 2005 a través de una reforma a la ley del ente emisor, estableciéndose la transferencia de recursos en dólares "al Fondo que el Ejecutivo creará a los fines del financiamiento de proyectos", el llamado Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).
Ahora, se propone que el BCV no tendrá autonomía para formular políticas monetarias y que "el jefe del Estado establecerá con el Banco Central el nivel de las reservas necesarias, así como el monto de las reservas excedentarias que se destinarán a los fondos que disponga el Ejecutivo Nacional para la inversión productiva".
Prueba petrolera
Las empresas mixtas que se conformaron en la Faja Petrolífera estrenaron la figura de propiedad mixta que ahora sería constitucional mediante la reforma.
El artículo 115 propuesto indica que se garantizarán diferentes tipos de propiedad: pública, social (directa e indirecta), colectiva, mixta y privada.
El concepto de empresa mixta aparece en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 como "empresas donde el Estado tenga control de las decisiones, por mantener una participación mayor a 50% del capital social". REGRESAR |
| Fecha publicada: 19/09/2007
Fuente: El Universal
Tema: gobierno
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