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En los próximos días varios empresarios, corredores vinculados al lavado de dinero y el narcotráfico en Venezuela, serán sorprendidos por medidas de la DEA. Varios corredores y negociantes venezolanos, algunos de ellos árabes e italianos serán privados de libertad. La historia que empezó con las revelaciones de Domínguez, todo cuanto Antonini contó al FBI, y finalmente la detención de Alex del Nogal, sigue su curso. El alto gobierno es consciente que el no haber apretado cuando se debía, ha ocasionado ahora un bochorno con la que se habrá que lidiar. Procesión va por dentro Todo indica que la procesión va por dentro. Los arrestos serán la culminación de una operación encubierta que ha durado cuatro años y que no ha podido tener éxito sino con la cooperación de organismos policiales locales. Cosa que dicho sea de paso, resulta una imbecilidad por las advertencias que sobre el particular se venían haciendo. El menú da para mucho. Desde ex presidiarios por asesinatos -devenidos en empresarios-, hasta ciudadanos de origen árabe que según dicen los enterados de la situación, envían dinero a las organizaciones islámicas extremistas. Uno de ellos estuvo en el negocio de los Pdbonos. La red era encabezada por empresarios ligados a la banca, mundo petrolero y corretajes, además del cargo de lavado de dinero, enfrentarán acusaciones de conspiración para sobornar a autoridades públicas y de operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia. Si son declarados culpables, los acusados enfrentarían sentencias máximas de cárcel de 10 años.
El Presidente Chávez Los delitos de lavado de capitales, proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo), se ha convertido en una situación altamente monitoreada por los enemigos del Presidente Chávez. Y el Presidente Chávez no ha frenado a tiempo lo que podría complicar la situación. Más por el interés manifiesto de los norteamericanos de fabricar un expediente como elde Noriega. La DEA, Homeland Security, FBI, siguen muy de cerca la relación de grupos ligados al narcotráfico con personeros del gobierno. Aunque Chávez no tenga vela en ese entierro el nuevo riquísimo de algunos aprendices de revolucionarios nos terminará metiendo en un lío. Varios corredores, y algunos muchachitos hijos de directivos de PDVSA, están por verse envueltos en el escándalo que terminará arrastrando a sectores del gobierno que desde ya han comenzado a decir “si te he visto no me acuerdo”. Algunos árabes metidos en el negocio del corretaje -y ex indultados en el pasadovienen siendo investigados por los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas que luego aparecen como el fruto de actividades legítimas y circulan sin problema en el sistema financiero venezolano. En la lista aparecen tres de los más importantes banqueros del país, un conocido gobernador con poder en la banca, y un directivo de PDVSA junto con su hijo. Dinero sucio Mucho del dinero sucio en Venezuela ha evadido impuestos, con lo cual en Venezuela se ha cometido un posible delito tributario, además producto de actividades ilegales, una lista interminable de banqueros y muchachos de la industria petrolera, tienen una riqueza que no pueden explicar. Varios empresarios, como Antonini han venido complicando la situación. Los enemigos del gobierno venezolano hacen fiesta. En el caso del delito de contrabando de las sustancias antes referidas y las operaciones que con carácter de legalidad se lleven a cabo para el blanqueo o legalización financieros los ingresos devenidos de la operación de contrabando, han venido sonando en Venezuela. El caso Del Nogal Recientemente, como explicó Reporte Diario de la Economía fue aprehendido en Italia, el señor Alex del Nogal. Nogal está relacionado a varios gerentes de PDVSAy de alguna manera aparece sonriente en fotografías con conocidos traders petroleros y funcionarios públicos. La ley italiana -como la nuestra- de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, establece que no habrá libertad bajo fianza o sometimiento a juicio por la gravedad del delito, como tampoco habrá suspensión condicional de la pena. Ello implica que el indiciado y aprehendido (de existir las evidencias necesarias para la demostración de su culpabilidad) estará detenido y privado de libertad hasta el momento en que se produzca sentencia firme, bien condenatoria, caso en el que seguirá privado de libertad o absolutoria en la cual saldrá libre. Lo cierto es que mientras dure el proceso, el ciudadano estará privado de libertad. Ahora bien, la fiscalía italiana debe tener la pruebas suficientes y necesarias para privar de libertad al detenido para lo cual la audiencia del reo será momento estelar para verificar si dicha fiscalía tiene tales evidencias. En caso contrario y del juez desestimar tales indicios, el detenido saldrá en libertad. Es improbable que después de un seguimiento en el cual según la Convención Internacional establece la cooperación de las diferentes autoridades judiciales y policiales internacionales. Probabilidades nulas Vemos que la única manera que el detenido pudiera salir en libertad vigilada y restringida a Italia sería mediante negociación con la fiscalía italiana que establece la posibilidad de ser discrecional en cuanto a los beneficios a ser otorgados al procesado, si tales beneficios redundan en que éste declare suministrando información acerca de individuos que formen parte más importante dentro de la corporación delictual o la organización que lava o trafica con las sustancias. Por otra parte, el tratamiento de este delito trae implícitos para el procesado. La posibilidad de tener las sanciones más graves toda vez que en el delito que nos ocupa la intención de delinquir o dolo es implícita lo cual agrava la sanción a ser impuesta. En el caso de Alex del Nogal la única posibilidad de libertad será que el juez italiano desestime las evidencias prima facie, presentadas por la fiscalía en la audiencia del reo o que surja al final una sentencia absolutoria del proceso que puede durar hasta dos años. La excepción a estos supuestos sería la información que el procesado suministre a la fiscalía que puedan tener influencia o consecuencia en el desmantelamiento de la organización en caso de haber una, o la entrega de un delincuente de mayor rango o que conduzca a un hallazgo que produzca un beneficio social mayor al de la aprehensión del procesado. REGRESAR |
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