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Si las modificaciones a la Constitución Nacional son aprobadas el próximo mes de diciembre, la estructura del Estado resultará todavía mayor al crecimiento que ha registrado en los últimos años. Y es que con ello las misiones sociales serán consideradas como parte de la Administración Pública, lo que provocará un incremento del financiamiento que debe ser dirigido a las mismas.
Pero esto sucede justo en momentos en que el Gobierno nacional se ha replanteado la idea de los programas sociales, a través de una depuración que incluso implicó la eliminación de la Misión Vuelvan Caras y, en su lugar, la creación de la Misión Che Guevara, la cual no incluye el pago de asignaciones mensuales a los beneficiarios, que sí estaba previsto en Vuelvan Caras, según han asegurado los funcionarios del Ejecutivo.
El gasto público que se ha tenido que dirigir a los mismos en los últimos años fue el detonante que obligó al Ejecutivo a eliminar las asignaciones económicas que entregaba a los beneficiarios, a cambio de que éstos trabajaran en los proyectos socioproductivos gubernamentales que se adelantan.
Chorro de recursos
Pero lo que llama la atención en el marco de los cambios a la Carta Magna es que la inclusión de las misiones sociales en el ar- tículo 141 -denominando a estos programas como un brazo de la Administración Pública- en adelante representará que el Gobierno nacional tendrá la necesidad de mantener una cuota fija de recursos para que las mismas logren subsistir, así lleguen los tiempos de las vacas flacas y, con ello, la capacidad financiera del Estado se vea mermada.
Es así como la emergencia social, aun cuando desde el Ejecutivo aseguran que el tema de la pobreza es una prueba superada, adquirirá permanencia en el tiempo.
Las fuentes de financiamiento de las misiones han sido variadas y se han centrado en el Presupuesto Nacional, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y los aportes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Aportes 2008
Al menos por la vía presupuestaria se estima un gasto de 5,6 billones de bolívares para el próximo año, lo que representa un incremento de 24% con respecto a los 4,5 billones que se definieron en el Presupuesto Nacional de este año.
De cualquuer manera, todo dependerá de las necesidades que se planteen en las propias comunidades porque la idea en adelante es que estos programas sociales sean manejados, a nivel micro, por los consejos comunales, aunque la definición de las políticas y la inyección de los recursos siempre provendrán del aparato estatal.
Al respecto, el integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Rafael Ríos, resaltó que las transferencias de recursos podrán venir, incluso, de la asignación presupuestaria de los consejos comunales, además de sus fuentes naturales de dinero.
Desde el Gobierno aseguran que esto, incluso, podría significar la creación de nuevas misiones y que, además, los programas sociales que existan en una comunidad sean diferentes a los que se desarrollan en otra pues todo dependerá de los requerimientos que eleven los consejos comunales al Gobierno central, en el marco de la nueva geometría del poder que prometió el Gobierno, en caso de que sean aprobadas las modificaciones a la Carta Magna el próximo mes de diciembre.
Informalización
Pero para otros el tema de las misiones como una parte de la Administración Pública significa algo más que no está directamente relacionado con la responsabilidad del Gobierno, de abatir la pobreza.
El sindicalista Froilán Barrios expresa su angustia en la forma en que será conformado ese brazo administrativo del poder central, pues considera que las reglas al respecto no estarán claras y que la consecuencia directa puede ser la informalización de los trabajadores de esa Administración paralela que creará el Gobierno para atender las necesidades sociales de la población, tal como ha sucedido con los experimentos productivos que ha adelantado el Ejecutivo en los últimos años.
Al respecto se refirió a la inclusión de las misiones sociales en la reforma constitucional propuesta por la Asamblea Nacional como un mecanismo que implicará menores retribuciones y menor protección laboral a aquellas personas que se dediquen a laborar en esas instancias de apoyo estatal que nacerán con la reforma a la Constitución Nacional. REGRESAR |
| Fecha publicada: 25/10/2007
Fuente: El Universal
Tema: gobierno
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