|
|
|
A pesar de las múltiples restricciones establecidas por el Gobierno nacional a los medios de comunicación, la prensa escrita en Venezuela siempre gozó de la "ventaja" de que, al contrario de sus pares, sus contenidos nunca fueron regulados por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). Sin embargo, esa "prerrogativa" podría terminarse el año que viene si se aplica el Plan para el Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que establece entre una de sus estrategias la conformación de "mesas técnicas de observadores" para la regulación de todos los medios, incluyendo a los impresos.
En el capítulo III del documento titulado "Democracia protagónica y revolucionaria", se propone la creación de "mesas técnicas de observadores de medios de comunicación" que, como agrupaciones sociales, se encargarán de ejercer "efectivo control de los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos" con la finalidad de que estos cumplan con la transmisión de valores ciudadanos y éticos.
Tanto para el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, como para el investigador del Centro de Investigación de la Comunicación (CIC) de la UCAB, Andrés Cañizalez, la iniciativa está dirigida a aumentar el control estatal sobre el contenido de los medios de comunicación, que se extenderá ahora hasta la prensa nacional.
Para Cañizalez la contraloría sobre los medios de comunicación puede resultar positiva siempre y cuando esta se produzca a través de instancias ciudadanas o de la autorregulación de los medios; sin embargo, apunta que las estructuras propuestas en el denominado "Primer Plan Socialista" de la nación parecen estar totalmente controladas por el Gobierno, a semejanza de los comités de usuarios y usuarias que establece la Ley Resorte: "En un contexto tan polarizado como el venezolano, la regulación termina teniendo camisa roja", explica.
Correa coincide con el planteamiento de Cañizález y señala que el problema estriba en que sea el Gobierno nacional el que defina los criterios de evaluación de los medios, por la discrecionalidad que esto le otorga para sancionar medios con una línea editorial crítica. Además, cuestiona algunos criterios como el de que las organizaciones sociales deben promover "la defensa de la soberanía nacional", debido a las interpretaciones subjetivas que genera este concepto.
Cañizalez agrega que los criterios informativos que el Gobierno exige a los medios privados no son acatados en los medios del Estado: "No se le exige información veraz al canal 8, los canales del Estado no cumplen con la Ley Resorte, por lo que parece que la regulación va sólo hacia los medios privados".
Por último, señala que el plan de desarrollo también pretende aumentar el aparato estatal de comunicación –que ya de por sí es bastante robusto– con la finalidad de imponer el discurso presidencial: "Esto restringe la libertad porque disminuye la diversidad (de los medios)".
REGRESAR |
| Fecha publicada: 25/10/2007
Fuente: TalCual
Tema: medios
|
*** noticias no disponibles *** |
|
