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A solicitud del Ministerio Público, y en virtud de la Ley de Amnistía recientemente decretada por el presidente Hugo Chávez, la jueza 45 de Control, Marilda Ríos, puso fin al proceso penal seguido contra el ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, y su ex asistente de prensa, Milagros Durán, por su participación en la toma de las instalaciones de Venezolana de Televisión, el 11 de abril de 2002. Desde horas de la mañana, decenas de familiares y amigos de Mendoza, así como dirigentes políticos de oposición, se concentraron en el Palacio de Justicia para celebrar la medida a favor del ex gobernador, quien llegó a la sede judicial a la 1:30 pm. Todos tendrían que esperar varias horas más hasta que se llevó a cabo la audiencia que concluyó con el otorgamiento de la libertad plena. Se espera que en tres días salga el sobreseimiento de la causa. A su salida del Palacio de Justicia, cerca de las 6:30 pm, Mendoza señaló que la injusticia no podía prevalecer, y enumeró las veces que asistió a esta sede para defenderse.
Aseguró que haber estado a derecho durante todo el proceso fue el principal argumento que tomó en cuenta la Fiscalía para la decisión y aclaró que independientemente de la Ley de Amnistía se hubiese presentado ante los tribunales. "Prometí que no me iría y aquí estoy. Hice lo que tenía que hacer".
Informó que el próximo jueves el tribunal dará la decisión final, sin embargo, agregó: "A partir de hoy, todo este problema está resuelto. Estamos de nuevo en la calle para seguir luchando".
El ex gobernador no adelantó su posible candidatura a gobernador, pero aseguró que devolverá a Miranda a los mirandinos. "Habrá luz de nuevo, debemos activar las comunidades y participar en las nuevas propuestas".
Sobre la situación de los demás presos políticos cree que durante las próximas semanas debe perdurar la paciencia, aunque pidió al Gobierno que la justicia sea para todos.
El pasado 5 de diciembre, la Fiscalía acusó y solicitó la detención judicial preventiva de Mendoza por la comisión de seis delitos: 1) rebelión civil; 2) violencia o amenaza contra el funcionamiento de los órganos del Poder Público; 3) daños a edificios destinados a uso público; 4) daños a equipos, terminales, instalaciones o sistemas de telecomunicaciones; 5) instigación a delinquir; 6) incitación a la desobediencia de las leyes y el odio de los habitantes contra otros. Los mismos delitos, pero en grado de cooperación inmediata, fueron imputados a la periodista Durán.
Habían surgido dudas sobre la procedencia de la amnistía en el caso de Mendoza. Sus abogados demostraron que, en todo caso, estuvo a derecho y contribuyó con el desarrollo del proceso penal, específicamente a través de 14 diligencias y dos comparecencias a igual número de audiencias convocadas y celebradas por el Tribunal 45 de Control. En serie.
El Ministerio Público informó que, con fundamento en la Ley de Amnistía, también se solicitó el sobreseimiento de la causa de Rafael Beltrán Marcano Ramos y Ramón Antonio Hernández Brito, dos de los nueve acusados ante el Tribunal Primero de Control de Vargas por los hechos ocurridos a bordo del buque Susana Duijn, durante el paro petrolero que se inició en diciembre de 2002.
Tal como está establecido en la ley, la medida no favoreció a los imputados que no hayan cumplido con todos los requerimientos del Ministerio Público y del tribunal de la causa.
Entre otros casos de sobreseimiento por amnistía adelantados por la Fiscalía figuran el de los militares que se declararon en desobediencia civil desde la plaza Francia de Altamira, así como los relacionados con el decreto de constitución del gobierno de facto que encabezó Pedro Carmona Estanga. Sólo serán favorecidos, se insistió desde el Ministerio Público, los que se hayan sometido al respectivo proceso penal. REGRESAR |
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