Ni por error el alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, pensaría en los beneficios de la ley de Amnistía. Sus abogados, Jesús Loreto y Juan Martín Echeverría, tampoco se han paseado por la idea, pues "está clarísimo", asegura Loreto, que el nombre de su defendido estaba ausente de la lista que el propio presidente Hugo Chávez aseguró tener como referencia para redactar su decreto. Tanto el defensor como el diputado de Podemos, Juan José Molina, analizan que la amnistía es una potestad del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. Ambos atinan entonces con la primera ilegalidad.
"No se quiso perdonar hechos sino a personas específicas", asegura Loreto, quien tiene la certeza –y así lo entendió en las palabras de Chávez el 31 de diciembre– de que en las manos del Presidente hubo una lista anexa de personas con las que se definieron en letras de la "a" a la "m" unas circunstancias a perdonar y en las que, por supuesto, no estuvieron los sucesos de la Embajada de Cuba. Sus interpretaciones se comprobaron cuando la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, confirmó que el caso de su defendido no podía considerarse como parte del decreto.
"Está clarísimo que no se le quiso dar el beneficio", dice el abogado defensor, quien asegura que la decisión tiene móviles políticos que prefiere no precisar: "Siempre hemos visto que existen razones políticas, vista la historia en este caso y lo desvinculado de Henrique Capriles Radonski con los hechos. Ahora vienen las regionales y pareciera que se quiso aplicar una espada de Damocles sobre él, pues este caso se reanuda cada vez que hay un proceso electoral en el que pudiese tomar parte".
A la fecha, el alcalde ha sido sobreseído tres veces y absuelto en dos oportunidades, pero momentáneamente, pues en cuestión de días son reversadas las decisiones.
EN EL MARCO DE LA LEY
Los argumentos planteados por el abogado, suenan similares a los del diputado Juan José Molina. Para él, la amnistía en el marco jurídico y constitucional de Venezuela "es una competencia exclusiva y privativa de la Asamblea Nacional. Por ello no la puede realizar nadie más, lo que nosotros podemos delegar son leyes. La Constitución dice que decreto es otra cosa, no una ley. Así como en el 236 dice que el Presidente tiene una facultad exclusiva y privativa de decretar indulto, la Asamblea Nacional tiene la facultad exclusiva de decretar amnistía".
Considera el parlamentario que la Ley Habilitante que le dieron al primer mandatario en enero del 2007 contiene dos materias: seguridad y justicia, y seguridad de Estado; no amnistía, "es decir, el Presidente nuevamente violó la Constitución, lo cual es lamentable", juzga, "él tiene que ser el primer venezolano que respete la Carta Magna y la autonomía de los poderes".
Sin embargo, y bien lo entiende Molina, la oposición no ha reclamado que se viole la Constitución por el beneficio que este decreto ley está confiriendo a quienes han sido liberados. Cree entonces que el caso específico de Carriles Radonski puede explicarse en que las ideas de Chávez estuvieron "limitadas sólo a algunos casos, para algunos delitos y para algunas personas". REGRESAR |
