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Quizás cada vez que usan la palabra 'Patria', así con mayúscula, se imaginan a sí mismos uniformados como próceres de la Independencia, alejados del resto de los mortales que tenemos la dicha de contar con su guía. Será por eso que ante la solicitud de arbitraje de Exxon la clase dirigente revolucionaria, en un alarde de pureza, acusa a quienes suscribieron los acuerdos de apertura petrolera –previa autorización del Parlamento– de 'traidores a la Patria'.
Pero la memoria les ha fallado a los voceros de la revolución, pues el mismo Chávez ha firmado leyes y contratos en los que el Gobierno acepta someterse a la jurisdicción de tribunales extranjeros.
El vigente decreto con rango y fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones dice en el artículo 22, capítulo IV: 'Las controversias que surjan entre un inversionista internacional, cuyo país de origen tenga vigente con Venezuela un tratado o acuerdo sobre promoción y protección de inversiones, o las controversias respecto de las cuales sean aplicables las disposiciones del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA) o del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), serán sometidas al arbitraje internacional en los términos del respectivo tratado o acuerdo, si así éste lo establece, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso, cuando proceda, de las vías contenciosas contempladas en la legislación venezolana vigente'.
Y ¿quién lo firma? El mismísimo Chávez, el 3 de octubre de 1999, año 189 de la Independencia y 140 de la Federación.
El Presidente quizás se defienda con el argumento de que rubricó el escrito antes de la aprobación de la Constitución Bolivariana y que fue víctima de una infiltración imperialista. Sin embargo, el Gobierno también se sometió, el 21 de abril de 2005 a la jurisdicción de tribunales extranjeros. Lo hizo en el contrato de emisión de bonos de deuda que, según el papel que firmó Chávez, serían regidas e interpretadas con las leyes del estado de Nueva York.
'Ni Pdvsa ni sus activos gozan de inmunidad frente a tribunales extranjeros salvo por lo que respecta al Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en lo referente a la prestación de un servicio público'. El documento, que para más señas está suscrito en el idioma del imperio, agrega que 'una sentencia de un tribunal extranjero sería perfectamente aplicable y ejecutable en Venezuela por medio de exequátur en el TSJ de Venezuela y el cumplimiento de ciertas condiciones'.
¡Ahh, la Patria! Pero no han sido éstos los únicos documentos suscritos por nuestros héroes del siglo XXI. En diciembre de 2007, Pequiven convino junto a la empresa brasileña Braskem la constitución de Polipropileno del Sur y Polietilenos de América para implantar un complejo petroquímico conjunto, y una de las cláusulas dice: 'El arbitraje debe ser entablado y realizado de acuerdo con las Normas de Arbitraje de la ICC (de París) que se halle en efecto en el momento del arbitraje, excepto cuando tales normas sean modificadas de aquí en más o por acuerdo mutuo de los accionistas'.
¿Traidores entonces? Según la retórica oficialista, sí. Pero según el mundo globalizado (palabra molesta para los héroes) someter las divergencias entre dos partes a arbitraje internacional parece ser lo más normal.
Claro que si se sigue el sentido común, esa cualidad parece faltarle a nuestros próceres del siglo XXI. REGRESAR |
| Fecha publicada: 22/02/2008
Fuente: TalCual
Tema: gobierno
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