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El principal promotor de la crisis, Hugo Chávez, llegó a la Cumbre del Grupo de Río izando una bandera blanca. Pero a diferencia de la última Cumbre Iberoamericana, Chávez se calló. No porque se lo ordenara el rey de España, sino por el terror a que Álvaro Uribe continuara divulgando allí las pruebas contenidas en las tres computadoras de alias Raúl Reyes, jefe efectivo de las FARC, sobre su cooperación, y la de su ministro de seguridad con esta organización responsable de crímenes contra la humanidad tales como son los establecidos por la Corte Penal Internacional: asesinato, privación grave de la libertad física (secuestro), desaparición forzada de personas y la tortura.
Las FARC están clasificadas como organización terrorista por Estados Unidos, Canadá, y la Comunidad Europea. Complementariamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante su Resolución 1373, puso en pie de igualdad en cuanto a responsabilidades tanto a los actores de actos de terrorismo como a los que cooperan con ellos. Acordó también que los Estados tienen la obligación de reprimir la financiación de los actos de terrorismo; de abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo. Justamente condiciones que habrían sido violadas tanto por Venezuela como por Ecuador -aunque en grados diferentes.
Cabe recordar que las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, y que para actuar de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas no requiere de listas especiales de organizaciones terroristas, sino tan sólo que considere que un acto de terrorismo internacional constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
Todas estas consideraciones eran más que alarmantes para que Chávez permaneciera callado -sólo Rafael Correa, que parecía no entender lo que estaba en juego para él y su gobierno, desvariaba.
El hecho de que el presidente de Colombia, en un acto de tanta entidad que congregó a veinte países y a un sinnúmero de observadores internacionales, haya denunciado a los presidentes de Venezuela y de Ecuador como cooperadores de los terroristas que mantienen secuestradas a 700 personas, no puede desaparecer por más apretones de mano y sonrisas forzadas que se den.
No puede olvidarse que entre los rehenes en poder de las FARC por cerca de siete años se encuentran tres ciudadanos norteamericanos. Para ellos y para sus gobiernos el acuerdo de la Cumbre no puede ser suficiente. En similar situación se encontraría Ingrid Betancourt, la víctima más prominente de las FARC.
Siendo esta la realidad, resultaba inexplicable observar a su madre, sentada detrás del presidente Chávez, develado como cooperador de las FARC.
La atribulada madre, al igual que el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, tienen dos opciones: demandarle a Hugo Chávez que exija a las FARC -no que declare por la prensa- la liberación inmediata de Ingrid o prestarse al show perverso del tráfico de rehenes que Chávez y las FARC vienen practicando.
Los crímenes contra la humanidad cometidos por las FARC -y que han contado con la asistencia de dos gobiernos- son demasiado graves como para que sean soslayados.
El presidente de Colombia tiene la obligación de compartir con la opinión pública internacional toda la documentación contenida en las computadoras una vez que la Interpol la haya validado.
De la misma manera a sus familiares, para que tomen las decisiones legales a las cuales tendrían derecho a ejercer en sus países contra los ministros de seguridad tanto de Ecuador como de Venezuela -y, por supuesto, contra sus presidentes Correa y Chávez.
En 1992, en momentos en que ejercía la Presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Libia fue sancionada por sospechas en actos de terrorismo con evidencias infinitamente inferiores a las anunciadas por el Gobierno de Colombia.
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| Fecha publicada: 11/03/2008
Fuente: El Universal
Tema: politica
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