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La inflación es un distribuidor regresivo del ingreso: los que tienen remuneraciones relativamente fijas sufren la reducción de su poder adquisitivo en mayor proporción que otros cuyos ingresos son variables o ajustables en breves plazos, y que pueden, mediante variaciones de precios u honorarios, mantener estables sus ingresos o incluso aumentarlos. En Venezuela, quienes perciben un salario mínimo o una pensión referida a este, y que tienen que gastar en alimentación más de 50% de su ingreso, forman el numeroso sector de la población sujeto a la carga inflacionaria; no escapan de ésta, desde luego, los que tienen sueldos y salarios superiores al mínimo, aunque la parte aplicada a la necesidad de alimentación es proporcionalmente menor que en el caso de los primeros, 30% en promedio. Los grupos minoritarios de más elevados ingresos destinan a la alimentación 10% o menos y no padecen realmente por el hecho de que sus otros gastos sean afectados por precios en alza. La clase media baja está ubicada en una posición intermedia, pues debe mantener su 'status' social, requerimientos que están sujetos a la carga inflacionaria en diferentes proporciones. Podría decirse que el universo social que padece la inflación del nivel y la calidad de vida, es de 80% de la población.
Las consideraciones anteriores vienen al caso en razón de que el fenómeno de la inflación tiene a hacerse estructural en nuestro país, es decir, a ser un hecho habitual de la vida económica, lo que obliga a adaptar la conducta de los consumidores a esa realidad. En los últimos 38 meses, la inflación acumulada en el área metropolitana de Caracas, según índices del BCV, es de 60%, particularmente la del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es de 68%. Desde luego, el efecto del fenómeno no ha sido tan fuerte en razón de los ajustes salariales obtenidos durante ese período. Hay que mencionar la circunstancia de que cuando se efectúan esos ajustes ya el trabajador ha sufrido el impacto regresivo de la inflación y aquellos sólo compensan parcialmente el deterioro del ingreso real. Siempre queda un residuo, más o menos apreciable, de necesidades insatisfechas, inclusive al nivel de subsistencia.
El BCV ha iniciado la publicación de índices de precios integrados, correspondientes al área metropolitana de Caracas y Maracaibo, dos principales centros de consumo del país, y ello ha sido interpretado por analistas como un intento de suavizar la evidencia de la carga inflacionaria en los consumidores. Tales índices son ponderados, lo que les da cierta consistencia; pero sería conveniente conservar las series de índices del área metropolitana de Caracas para fines de comparación, y ampliar la cobertura integrando a las ciudades más importantes del interior.
Es probable que en el interior las alzas de los precios, particularmente alimentos, sean menos acentuadas que en Caracas, donde se concentra más de 20% de la población y 35% del ingreso nacional. También el BCV ha resuelto mejorar los intereses sobre ahorros bancarios, para estimular el ahorro y moderar los gastos; sin embargo, si se tiene en cuenta que cada año el valor del dinero se reduce 20% en promedio, esta medida es un paliativo. Lo que es indispensable es un conjunto de políticas coordinadas para mejorar el abastecimiento del mercado en bienes de necesidad primaria, lo que tiene que ver con la producción, la circulación y la importación y, en particular, con la regulación nacional de precios y la eficiente administración del control de cambios, así como también con el gasto público, la liquidez monetaria y los créditos al consumo, entre otras variables; es decir, hay que reordenar la economía, y ello implica una estrategia global.
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