A yer, en declaraciones al oficialista canal VTV, el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, reveló que el Gobierno adelanta un plan de investigación dirigido a descubrir las conexiones nacionales del presunto capo de la droga, Armando González Apushana (conocido además como Hermágoras González Polanco), apresado el pasado fin de semana en el estado Zulia.
No faltaba más, porque hasta ahora los funcionarios policiales bolivarianos se han limitado a capturar a uno que otro de los narcojefes que se han mudado a Venezuela, pero sin ir al fondo de la cuestión como lo es la vasta de red de distribución de drogas desde nuestro país hacia Europa y el Caribe, el lavado de dólares y las inversiones con dinero sucio en actividades con fachada legal.
Venezuela había sido siempre un país sano y tranquilo, sin grandes manifestaciones del crimen organizado ni mayores problemas en cuanto al control de la violencia. Pero en los últimos diez años el Gobierno centró su plan de seguridad en la persecución de los enemigos políticos, de los militares disidentes y de los líderes sindicales, de los profesores universitarios, los periodistas y los gobernadores, concejales y alcaldes de la oposición.
Las puertas quedaron abiertas para que el narcotráfico hiciera metástasis en los estratos más populares de la sociedad y, hoy por hoy, no hay barrio donde los jóvenes no compren, consuman o trafiquen con droga.
El gobierno bolivariano desmanteló las unidades antidrogas que funcionaban en los diversos cuerpos policiales, destruyó la Conacuid, desarticuló el cuerpo antinarcóticos de la Guardia Nacional, inhabilitó la jefatura contra el tráfico de drogas del Cicpc, y cortó los lazos con la DEA, la agencia especializada estadounidense. Hoy tratamos en vano de despertar el interés del Gobierno frente a un problema que está a las puertas de nuestras casas, de los barrios y urbanizaciones, de las calles y de los sitios nocturnos de reunión de la gente joven.
Para colmo de nuestra preocupación, en sus declaraciones de ayer, el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, anunció que sus policías 'investigarán las posibles conexiones eclesiásticas y militares', que pudieran existir con el presunto narcotraficante Armando González Apushana. Léase bien: 'conexiones eclesiásticas y militares'. Es decir, ya quieren meter en el mismo saco de la corrupción oficialista a los sacerdotes y militares que no sean chupa medias del régimen.
¿De cuando acá los curas entregan credenciales de la Disip, de la Guardia Nacional o de la Dirección de Inteligencia Militar a los colombianos? Esa es una potestad de la gente del Gobierno, así que investiguen a su gallinero que está bien podrido. El señor Armando González Apushana, solicitado por la Interpol por delitos de narcotráfico, 'tiene cédula venezolana la cual es legal y tiene pasaporte venezolano el cual es legal, y fue expedido legalmente'. Eso lo dijo y confirmó Rodríguez Chacín.
¿Y entonces? REGRESAR |
