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No podemos decir que nos sorprenda, pero aun así, no deja de molestar y entristecer actitudes y acciones de algunos 'dirigentes' de la denominada oposición que avalan o guardan un cómplice silencio ante las arbitrarias inhabilitaciones que ha dictado la Contraloría en contra de venezolanos que tienen altísimas probabilidades de ser electos como alcaldes o gobernadores en las regionales de este año.
Algunos, de manera directa, han señalado que las medidas tienen 'cierto sustento legal', echando por tierra las disposiciones constitucionales que protegen el derecho político a elegir y a ser elegido, y que sólo por vía de excepción puede ser suprimido cuando exista un juicio penal que culmine con sentencia condenatoria. Cuán fácil olvidan algunos la supremacía constitucional y la obligación de funcionarios y jueces de acatar la disposición constitucional cuando ésta entra en contradicción con una disposición de rango legal.
Los malabarismos jurídicos que tienen que dar los actores del oficialismo para tratar de explicar lo inexplicable, dejan al descubierto que la razón verdadera para mantener estas medidas es puramente política. Pero esas explicaciones quedan como bagatelas cuando escuchamos a actores de oposición validando semejantes actuaciones inconstitucionales, para terminar avalándolas por la simple conveniencia personal de eliminar a quien esté inhabilitado para tener alguna oportunidad de aspirar a ser candidato a un cargo. ¿A qué juegan? Esa aspiración terminará allí, en ser candidato, pues en muchos casos, eso no garantiza en lo absoluto que quien así actúa termine ganando una elección.
¿Cómo podemos confiar a futuro en quien ahora se presenta avalando una inconstitucionalidad sólo porque lo beneficia en su cálculo personal? Sueñan con que la popularidad y la preferencia electoral que algunos de los inhabilitados tienen hoy pueda ser trasladada de manera automática a sus candidaturas, en caso de que tales inhabilitaciones se mantengan. Los liderazgos no se decretan y mucho menos se traspasan de manera sencilla. Van ligados a los proyectos, a las ejecutorias y hasta al carisma personal de quien goza en momento dado de esa popularidad.
Una inhabilitación no va sólo contra quien, con justo derecho, piense postularse a un cargo de elección. Tiene, junto a su derecho político a ser elegido, otra cara en la misma moneda: el derecho que tenemos los electores a votar por esa persona. Eso denominan los expertos encuestadores 'intención de voto'. En el caso de Leopoldo López, somos 7 de cada 10 caraqueños quienes queremos votar por él, porque tiene un proyecto para transformar a la ciudad y ha demostrado que lo puede hacer. Y es por López por quien queremos votar, no por otro.
Los caraqueños queremos y tenemos derecho a vivir mejor. Caracas puede convertirse en una ciudad digna, en una ciudad humana, en la que cada caraqueño, de Libertador, Baruta, El Hatillo, Sucre y Chacao tengamos los mismos derechos y deberes. Cada ciudadano tiene derecho a tener seguridad sobre su vida y sus bienes, tiene derecho a que las vías públicas estén en óptimo estado, a que el transporte público sea eficiente y suficiente. Tiene derecho a vivir en una ciudad limpia y ordenada, a que los hospitales y ambulatorios brinden un servicio de calidad.
Entre las funciones de un alcalde metropolitano está la coordinación de todos los servicios de la ciudad con los alcaldes de los cinco municipios, coordinación que ni con el actual alcalde ni con el anterior ha sido posible. Esa coordinación es fundamental para solucionar de raíz muchos de los problemas que todos padecemos a diario.
La aspiración de vivir mejor es igual en rojos o azules. La necesidad de cambiar a Caracas, como pudieron hacerlo con éxito Medellín, Curitiba y Bogotá, y lo están haciendo actualmente Lima o Buenos Aires, es una aspiración real y sentida de todos quienes tenemos hoy que sufrir una ciudad inhóspita, insegura, hostil. Procesos ordenados y planificados de transformación han brindado a los habitantes de otras ciudades la posibilidad de tener calidad de vida. En Caracas podemos lograrlo.
El temor de los oficialistas es enorme. Saben que si logramos transformar la vida de los caraqueños con un alcalde metropolitano coordinado con los otros cinco alcaldes capitalinos eficientes y coordinados, si logramos mejorar la vida de cada ciudadano en lo local, el resto del país volteará a ver cómo se hizo y querrá transformar su localidad de la misma manera. Por ello tratan de impedirlo con la maniobra inaceptable de la inhabilitación. No existe plan B. El único plan B que tenemos es luchar para que el plan A sea posible. Nadie tiene derecho a impedirnos elegir a quien queramos elegir. Tenemos derecho a elegir y tenemos derecho a una vida mejor. REGRESAR |
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