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El presidente de la subcomisión de deuda de la Asamblea Nacional (AN), Elvis Amoroso admitió que con las notas estructuradas el Ministerio de Finanzas y los bancos tienen un negocio allí planteado y en todo caso las instituciones financieras que vendan las notas en mercado paralelo, que sí podrían estar involucradas en corrupción podrían ser objeto de sanciones y hasta pena de cárcel hasta de 7 años.
Una nota estructurada es un instrumento financiero emitido por un banco o un agente financiero de, digamos, Estados Unidos, cuyo valor 'está respaldado por' o que 'representa el valor de' otro activo diferente.
Es decir, son una especie de instrumento 'derivado' de otro; por lo general bonos de deuda de países considerados 'emergentes' como puede ser considerada Venezuela o Argentina.
En diciembre del 2006, según las cifras del Ministerio de Finanzas, había en notas estructuradas 4.5 millardos de dólares y de este lote en los primeros meses del año se vencieron 1.732 millones de la divisa estadounidense.
El despacho de Finanzas había adjudicado estas notas estructuradas a 10 instituciones financieras, sin pasar por ningún mecanismo de subasta.
Para el parlamentario las colocaciones no tienen que ser automáticamente realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas, pero puede ser una subasta, según el Estado puede hacerlo unilateralmente.
'A nosotros nos gusta que se haga por la Bolsa o a través de una subasta pública porque eso democratiza ese capital y ese instrumento financiero', comentó.
Refirió que no está planteada corrupción, lo que sí una especie de negocio, porque cuando se habla de bancos o instituciones financieras ellos están buscando una ganancia.
'Si ellos están excediendo la ganancia o vendiendo los bonos a un sobreprecio ahí sí habría una corrupción por parte de quienes adquieren las notas estructuradas, es decir el sistema financiero. El Estado venezolano las coloca al precio que establece la condición financiera del momento, es el que adquiere las notas, que puede utilizarlas a un mercado superior o exageradamente elevado', comentó.
Puntualizó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla la sanción de usura y en este caso habría este delito por parte de los bancos y la Ley de Ilícitos Cambiarios, que contempla la utilización de divisas y la variación del precio que establece la República y es sancionado con penalidades de 2 a 7 años de cárcel.
Sin embargo, muchos economistas y periodistas advierten que el Ministerio de Finanzas tendría participación en este negocio como lo cataloga el diputado, por las comisiones que se cobran y por el reciclaje de notas. REGRESAR |
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