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Conductores del transporte público efectuaron ayer una caravana desde la plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional, donde entregaron un documento en el cual expresan a los diputados su desacuerdo con varios artículos del proyecto de ley de transporte terrestre -que se encuentra en segunda discusión- y su malestar porque no han sido tomados en cuenta para la elaboración del instrumento legal.
Los transportistas explicaron que en el borrador se establecen sanciones que consideran exageradas y arbitrarias, como por ejemplo, la suspensión de la concesión de operación si un autobús tiene un caucho liso o una ventana rota; que las tarifas del pasaje serán fijadas sólo por los entes del Estado sin participación de otras partes del sector, a diferencia de cómo ocurre actualmente; y que hay incongruencias que crearían conflicto de competencia entre organismos nacionales y regionales de transporte.
El próximo paso que darán, dijo José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y Por Puesto, es solicitar un derecho de palabra en el hemiciclo para exponer sus preocupaciones, en vista de que no han sido convocados. El próximo martes, primero de abril, los conductores de todo el país se reunirán en una asamblea, que se realizará en el terminal del Nuevo Circo, para fijar su posición en relación con el proyecto de ley.
José Luis Trocel, gerente general del Bloque Unido de Rutas Suburbanas, afirmó que de aprobarse el instrumento, prestar el servicio no será una actividad económica sino social, lo que a su juicio le dará oportunidades a las autoridades de tomar el control absoluto del transporte público.
En relación con la incorporación de unidades del Estado a rutas que se encuentran cubiertas por asociaciones de transporte, Montoya dijo que si la intención de las autoridades es asumir la administración del servicio, están dispuestos a ir a una reconversión laboral, como ocurrió con los mineros del estado Bolívar, pero sólo si les reconocen los años de trabajo a los conductores y les pagan por sus unidades.
El vocero señaló que en todo el país hay cerca de 300.000 conductores que se verían afectados por lo que llamó 'competencia desleal' de parte de las autoridades, cuando incorporan autobuses con tarifas más bajas a las fijadas en Gaceta Oficial. A pesar de que los choferes no trancaron del todo la avenida Universidad, la manifestación originó colas.
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| Fecha publicada: 26/03/2008
Fuente: El Nacional
Tema: transporte
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