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El Gobierno reformó la Ley de Pesca con el fin de adaptarla al socialismo del siglo XXI y entre los aspectos que contempla el marco legal está la prohibición de la pesca de arrastre, la ampliación del poder popular en la actividad y la obligatoriedad de destinar un porcentaje del producto capturado a los órganos y entes del Estado.
Esos cambios impactan y para los representantes del sector la producción disminuirá.
El gerente de operaciones del puerto pesquero de Cumaná, Luis Guilarte, expresó que con la eliminación de la pesca de arrastre se muere la actividad en el estado, porque esa modalidad de pesca aporta entre 30 y 40% de la producción nacional'.
Expresó al diario Región que esa merma en la producción afectará la soberanía alimentaria e implicará más importaciones, 'con lo cual los precios del pescado se incrementarían en más de 30%'. Agregó que 'en Sucre desembarca 70% de la producción nacional, debido a que 85% de la empresa pesquera se ubica en esa entidad'.
Otras fuentes del sector aseguran que la situación es delicada, por lo cual plantean encuentros con el Ministerio de Agricultura y Tierras, debido a los efectos que tendrá en el suministro de ese producto.
En el texto se prohíbe realizar actividades de pesca industrial de arrastre 'dentro del mar territorial y dentro de la zona económica exclusiva de la República de Venezuela (...) La pesca artesanal de arrastre será sustituida progresivamente por otras artes de pesca a los fines de garantizar el desarrollo sustentable de los recursos hidrobiológicos y el ambiente'.
A través de la pesca de arrastre industrial, que representa 90% del total de la producción, se realiza la captura de tahalí, roncador, bagre, corocoro, catalana, camarón, mero, pargo, merluza y curvina.
Mediante la pesca artesanal de arrastre -equivale a 8% de la producción- se efectúa la captura de pepitonas, entre otras.
Más allá de las limitaciones en la actividad, mediante la reforma del instrumento se crea el Instituto Socialista de la Pesca y se establecen principios de solidaridad que abarcan, entre otros aspectos, la entrega gratuita y directa de al menos 5% del producto capturado a los entes del Estado. Y se delega en los consejos comunales la vigilancia de ese procedimiento.
Parte de lo plasmado en el aparte correspondiente a la responsabilidad comunal responde al espirítu que tenía el artículo 299 de la reforma constitucional que fue rechazada el pasado 2 de diciembre. En esa disposición se establecía que 'el régimen socioeconómico debe fundamentarse en los principios socialistas, antiimperialistas, humanistas, de cooperación, eficiencia, protección del ambiente y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna para la colectividad'.
Luego en el 305 se añadía que 'para garantizar la soberanía alimentaria la República puede asumir sectores de la producción agropecuaria, pecuaria, acuícola y transferir su ejercicio a otros entes'. MAH/ACC
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