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Seis años después de anunciarse en Gaceta Oficial la creación de un sistema ferroviario nacional de transporte, las obras dirigidas por el Instituto Autónomo de Ferrocarriles (IAFE) avanzan con lentitud. A través de la construcción de esta red de transporte el Gobierno pretende brindar una solución 'rápida, efectiva y económica' al traslado de pasajeros y carga en el occidente y sur del país, según explica el sitio web del instituto.
De acuerdo con información suministrada por el IAFE, el proyecto tiene un costo estimado de 14 mi 655 millones de dólares, creará 15 mil 770 empleos y beneficiará a más de 5 millones de habitantes, distribuidos en los estados Portuguesa, Guárico, Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua.
Ahora bien, de los seis tramos, cuyos trabajos arrancaron antes de 2006, sólo el que corresponde al tramo Caracas- Tuy medio ha sido concluido y se encuentra prestando servicio. Mientras que, en los otros cinco trazados que conforman el Sistema Ferroviario Socialista Ezequiel Zamora, las obras presentan avances que varían de entre 10,10 y 43,79%.
Si bien el Instituto Autónomo de Ferrocarriles (IAFE) estima que todos los proyectos serán culminados en la fecha programada, en los tramos Puerto Cabello-La Encrucijada y Puerto Cabello-Barquisimeto se han presentado problemas que -por ahora- mantienen paralizadas o a media máquina las labores de construcción.
Desde el pasado 15 de marzo los obreros que laboran en el tramo Puerto Cabello-La Encrucijada mantienen paralizada la obra, porque la empresa contratista italiana, Inpregilo C.A., se niega a reincorporar a 300 trabajadores que fueron obligados a renunciar el año pasado.
Pero esta no es la primera vez que el sitio de construcción es abandonado. En octubre de 2007, los trabajadores del tramo de La Cabrera denunciaron que en la obra no se aplicaban las medidas de seguridad apropiadas, pues en una semana se habían registrado tres accidentes por falta de iluminación.
Un mes antes, la directora de Ordenación Urbanística e Infraestructura de la Alcaldía de San Diego, Libia Gil, envió una notificación al presidente del IAFE, Michel Douaihy, informando que paralizarían los trabajos en el tramo Fundo La Unión-Las Morochas-El Polvero, de esa jurisdicción.
La medida fue tomada porque el organismo había incumplido acuerdos relacionados con la limpieza del río San Diego de los sedimentos provenientes de la construcción y la limpieza de las calles que fueron afectadas por los trabajos.
Respuesta oficial
A pesar de los percances, las autoridades del IAFE, a través de un boletín informativo con fecha 20 de febrero de 2008, aseguran que 'el trabajo constante y consecuente de más de 7 mil trabajadores, entre obreros, técnicos e ingenieros que laboran las 24 horas del día son garantía de la plena operatividad de los diferentes frentes de trabajo del tramo ferroviario Puerto Cabello-La Encrucijada, que a la fecha presenta 55% de ejecución'.
Durante una visita a la zona, Douaihy ratificó que la obra sería terminada en el año 2012. Indicó que la obra cumple con el cronograma establecido y que en el tramo se realizan actividades de vaciado de pilas de viaductos, construcción de terraplenes y revestimiento de tú-neles.
Cambio concesionario
En agosto del año pasado, Douaihy realizó una inspección al tramo Puerto Cabello-Barquisimeto y anunció el inicio de operaciones de la empresa cubano-venezolana Ferrolasa, con un inversión de 27 millones de dólares e indicó que la vía estaría lista en dos años.
La compañía china que asesoraba la obra paralizó sus actividades en octubre de 2006 y aún espera el pago de $70 millones que le adeuda el Estado.
En agosto de 2007, el ministro de Infraestructura, José David Cabello, tenía en su poder un recurso jerárquico interpuesto por la empresa venezolana New World Business Corporation (NWB), donde se le solicitaba que derogara una providencia administrativa emitida por el ex presidente del IAFE, José Vicente Rodríguez, que paralizaba el proceso de suministro de materiales e insumos, a ser utilizados en el Sistema Ferroviario Centro Occidental Simón Bolívar. Desde entonces, los trabajadores se limitan a eliminar la maleza de la vía.
A estos problemas legales se suma que el Consejo Legislativo de Lara inició una averiguación en torno al proceso de indemnización por expropiación de viviendas, pues las comunidades denunciaron que el IAFE sólo ofrece tres mil bolívares fuertes por casa. REGRESAR |
| Fecha publicada: 30/03/2008
Fuente: El Universal
Tema: transporte
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