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El Gobierno tendrá una vacatio legis (se estudia que sea de cinco años) en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para honrar la deuda que por concepto de prestaciones sociales tiene con los empleados públicos, informó el diputado Francisco Torrrealba, integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional.
El parlamentario explicó que el plazo, el cual regirá a partir de la puesta en vigencia de la nueva legislación laboral, busca una salida factible y real al problema de la mora estatal en el pago de los pasivos laborales en la administración pública.
Torrealba señaló que el monto por ese concepto es elevado, y la mayor parte está en las prestaciones sociales.
A su juicio, es difícil precisar a cuánto asciende la deuda estatal, por lo que 'no es conveniente aventurarse a dar cifras que son inexactas'.
Froilán Barrios, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, ve improbable que la reforma a la LOT sea aprobada porque 'se le multiplica al Estado los pasivos laborales que hoy representan casi 20% del PIB'.
Barrios, ex miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó las disposiciones laborales de la actual Constitución, señaló que el presidente Hugo Chávez 'no midió su oferta electoral de 1998' de regresar a la retroactividad de las prestaciones sociales.
Torrealba refirió que se instruyó a la Oficina Central de Presupuesto para que haga los estudios actuariales, correspondientes e incorporarlos al texto de las disposiciones transitorias de la reforma legal .
Estado maula.
Expertos del mundo del trabajo en Venezuela coinciden en que el caso de los pasivos laborales en el sector público ha sido el principal obstáculo para la reforma de la ley, pese a que la Constitución de 2000 dio a la Asamblea Nacional plazo de un año para discutir y aprobar una nueva legislación laboral.
La carta magna devuelve la retroactividad a las prestaciones sociales, pagadas en forma proporcional al tiempo de servicio del trabajador y calculadas de conformidad con el último salario devengado.
También establece un lapso de 10 años para la prescripción de ese derecho.
Con el fin de cumplir con la Constitución, el Parlamento aprobó en primera discusión –el 17 de junio de 2003– un proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.
Ese escrito es ahora el papel de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social Integral, que redacta la nueva legislación.
Además de la retroactividad de las prestaciones sociales, deberá incluir también el mandato constitucional de reducir la jornada laboral.
La comisión parlamentaria incorporará a ese papel de trabajo las observaciones y recomendaciones de los diversos actores sociales y laborales en el marco de la consulta pública sobre la reforma legal, iniciada el 14 de marzo pasado, cuando se reunió con el ministro del Trabajo, José Ramón Rivero.
Luego de una dura polémica, en julio de 1997 entró en vigencia la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que contiene el régimen que se aplica para el cálculo y pago de las prestaciones sociales. Ese sistema eliminó la retroactividad anterior.
El régimen vigente consiste en el depósito de cinco días de salario al mes en una cuenta bancaria del trabajador, además del pago de un bono de antigüedad por años de servicio al final de la relación laboral. Asimismo, el empleador debe cancelar el bono de transferencia por el paso del sistema anterior al nuevo.
Para cumplir con las disposiciones de la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, se dio a los patronos de los sectores público y privado un plazo de cinco años, el cual ha sido honrado por las empresas privadas.
Pese a que el lapso venció en junio de 2002, la mayoría de los organismos de la administración centralizada (ministerios) y descentralizada (empresas, corporaciones, gobernaciones y alcaldías) sigue en mora con 1,2 millones de trabajadores.
'Esa deuda crece exponencialmente porque genera intereses', alerta Pablo Castro, directivo de la CTV. Le critica al Gobierno no haber aprovechado los enormes ingresos petroleros para cancelar las prestaciones sociales. El dirigente deplora que 'el Ejecutivo no haya destinado recursos fiscales (partidas) para cancelar los pasivos laborales en los presupuestos de los últimos años'.
Los sectores sindicales oficialista y de la oposición han manifestado por igual su preocupación por la mora del Estado con sus trabajadores.
En los próximos días, varias agrupaciones obreras no chavistas y el partido Podemos presentarán ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la protección de los pasivos laborales de los trabajadores del sector público.
Alfredo Ramos, dirigente del Nuevo Sindicalismo, explicó que el proyecto establece la creación de un fideicomiso, con recursos equivalentes a 20% del excedente petrolero, para pagar la deuda de 'más de 20 millardos de bolívares fuertes en la administración pública nacional centralizada y descentralizada'.
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| Fecha publicada: 07/04/2008
Fuente: El Nacional
Tema: empleo
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