El Gobierno justifica la estatización de las empresas cementeras que operan en el país con la sospecha de que cartelizan los precios y privilegian las exportaciones por sobre el abastecimiento de la creciente demanda local.
Todos los argumentos los niega Ángel Graterol, ingeniero civil y experto en el manejo de la industria cementera. En 1994, luego de treinta años de carrera en la Corporación Venezolana de Cementos (Vencemos), y en el cargo de presidente ejecutivo entregó el mando a la transnacional Cemex.
'La exportación es totalmente marginal. Las fábricas se diseñan para el mercado local y se exporta sólo cuando los excedentes no se colocan y para mantener la operación constantemente'. Las plantas cementeras trabajan en turnos continuos todo el año y sólo se detienen por mantenimiento.
De acuerdo con Graterol, las últimas exportaciones considerables se llevaron a cabo en 2006, pues desde entonces el incremento de la demanda de los proyectos de construcción públicos y privados desvió toda la producción al mercado local.
En 2007, se comercializaron en el exterior menos de 400 mil toneladas de cemento y otros productos por las empresas Cemex y Holzim, las únicas con infraestructura en los puertos para exportar en granel. En los años ochenta, con la demanda en picada, las empresas exportaron entre 1,5 y 2 millones de toneladas, especialmente a Estados Unidos.
El mercado local consumió el año pasado cerca de 6,7 millones de toneladas de cemento, más de 78% de la capacidad instalada de las plantas de 8,5 millones de toneladas de clínquer, (el semielaborado que sale de los hornos). Por una tonelada de cemento se requieren 1,05 de clínquer.
Los problemas, explica Graterol, se encuentran en las redes de distribución, atosigadas por falta de inversiones de las compañías de transporte –algunas poseídas por las propias cementeras– y el mal estado de las redes viales.
'Una cisterna de cemento a granel de Catia La Mar podía hacer hasta tres y cuatro viajes diarios a Caracas. Hoy hace máximo dos'. En la planta de Pertigalete de Cemex se producen 3,2 millones de toneladas –casi la mitad del mercado– que se deben distribuir por carretera o cabotaje a los infinitos puntos de construcción del país.
SIN ACAPARAR
Con el saco de cemento de 42,5 kilos regulado en 8.300 bolívares, Graterol desestima las acusaciones propagada por el ministro Sanz de la existencia de un supuesto 'proceso de cartelización de los precios' del cemento en el país. Además, considera que las transnacionales se rigen 'por leyes muy rígidas'.
Con ese precio, las empresas mantienen una rentabilidad que oscila entre 20% y 25%, 'que permite sobrevivir', dijo Graterol, pero no para realizar grandes inversiones de producción. Actualmente una planta nueva de un millón de toneladas requiere inversiones de entre 220 y 250 millones de dólares con un lapso de recuperación de hasta seis años.
En los últimos quince años las empresas no han realizado inversiones semejantes para ampliar la capacidad instalada y sólo se han hecho mejoras en el rendimiento de las plantas, debido a que la demanda se mantuvo estable, explica Graterol. Tampoco considera posible las acusaciones de acaparamiento, porque no puede ser almacenado por más de dos meses. El clínquer perdura más tiempo pero incluso debe mezclarse con material nuevo para mantener la calidad.
Las minas de caliza, alrededor de las cuales se instalan la mayoría de las plantas, cuentan con reservas de 50 a 100 años. En cambio escasean los yacimientos de yeso, material que se requiere en menos de 8% durante el proceso final de fraguado del cemento.
La industria, con más de siete mil empleos directos y 50 mil indirectos, amalgama experticias de ingenieros de minas, civiles, químicos, mecánicos y una sofisticada tecnología de producción y supervisión.
'Creo que es una decisión equivocada proceder a una nacionalización. Ojalá, si se llega a cabo, pueda continuar con los niveles de eficiencia que hasta ahora ha tenido'. REGRESAR |
