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Como es costumbre un nuevo anuncio del Estado pone a correr a embajadas, reporteros y ministros. El Estado venezolano fiel a su carácter presidencialista se apura y anuncia ¡nacionalícense las empresas cementeras! ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cómo? Con el pasar de los días se van develando los detalles. No se dieron a conocer antes porque la decisión seguramente se improvisó la noche anterior. Así, y como quien va desarrollando la idea conforme los implicados van haciendo las preguntas o formulando sus quejas, nuestro todopoderoso Estado medita ante cada aspecto no considerado y va decidiendo: 'Esto sí, lo otro no; no quise decir aquello, eso lo decidiré más tarde'. Curiosa forma de hacer política pública.
Hasta ahora lo que se sabe es que la medida afecta a tres empresas de cemento, unas cinco plantas en total, por un valor que podría sobrepasar los 2.000 millones de dólares.
En cuanto a las razones, aun cuando abiertamente la tesis de la conspiración no se ha formulado, algunas declaraciones relacionan el retraso o incumplimiento de metas de obras públicas al desabastecimiento de cemento. Una vez más el Estado parece haber sido víctima de los intereses egoístas de terceros o de la lógica del mercado.
Sólo una concepción muy atrasada sobre los determinantes de la producción económica y del ejercicio de las políticas públicas puede concebir que los objetivos del Estado sólo pueden lograrse si directamente maneja a todos los agentes involucrados. Ante semejante convicción todas las empresas privadas, nacionales o extranjeras pueden en algún momento considerarse un obstáculo para sus los objetivos estratégicos. El Estado va colocando a toda la sociedad bajo sospecha.
Si es cierto que, como dicen las empresas, toda la producción de cemento iba dirigida a abastecer el mercado interno, entonces la medida de expropiación sólo se entiende por la intención de privilegiar el abastecimiento de ciertas obras (¿las del Estado?) en detrimento de otras, es decir, la de los ciudadanos. De ser así, nos aguardan importantes distorsiones en el mercado de la construcción.
Si el crecimiento del sector está generando problemas de abastecimiento ¿no sería más conveniente estimular la producción de insumos para la construcción y no torpedearla con estatizaciones que lo único que van a generar es más temor y parálisis de los inversionistas? ¿Por qué razón no se utilizan los recursos destinados a la compra de las cementeras, que no van a producir ni un saco más y probablemente si muchos menos, a la edificación de nuevas plantas? La lógica del Estado es incomprensible.
La política gubernamental no puede sino considerarse como una acción punitiva contra el sector productivo, la cual se terminará pagando con menos productos a mayor precio. Ese ha sido el resultado de políticas similares aplicadas al rubro de los alimentos.
Atacar, expropiar y controlar la producción y los canales de distribución ha significado desabastecimiento e inflación de los productos de la cesta básica. ¿La acción contra las empresas cementeras será el comienzo de un nuevo paquete de pésimas y atrasadas políticas económicas para la construcción? El Gobierno entiende una sola forma de resolver los problemas. Consiste en controlar, penetrar y asfixiar a la sociedad. En esta ocasión lo hace con el cemento para su beneficio y con toda seguridad para perjuicio del resto. Ahora sólo queda por preguntarse ¿cuál será el próximo sector 'estratégico' que caerá bajo control estatal? . REGRESAR |
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