Los Teques. La defensora del Pueblo de Miranda, Raiza Bastardo, apoyó la decisión del Tribunal Superior de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del estado que prohíbe la entrada de menores de edad en todos los centros penitenciarios ubicados en la entidad, a fin de garantizar su integridad física y moral. La decisión del tribunal se acordó para evitar nuevos episodios en los cuales familiares de los internos, para protestar por las condiciones en las que viven sus familiares, protagonizan 'autosecuestros' con los internados, en los que son incluidos niños y adolescentes.
La defensora dijo que la medida no es para vulnerar el derecho de los detenidos de compartir con sus familiares menores de edad. 'El objetivo es resguardarlos ante cualquier acción de violencia que ocurra en los penales', afirmó ayer, a través de boletín de prensa.
Bastardo destacó que el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes obliga al Estado a tomar medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier índole que sea necesaria para garantizar los derechos de los menores.
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