J uan Boza nació en Caño Zancudo, El Vigía, capital del municipio Alberto Adriani del estado Mérida. De niño pasó privaciones y tuvo que trabajar como obrero en muchas de las fincas del lugar. Así fue como conoció el movimiento económico de los dueños de muchas fincas, entonces decidió que la mejor manera de recibir una 'justa' retribución por el trabajo que desempeñaba era secuestrando, y en esa dirección trazó su norte. Tras sus primeros delitos, fue detenido junto con el mayor de sus hijos y pasó tres años y medio en la cárcel. Luego de cumplir la pena quedaron en libertad, pero continuaron con los secuestros. Como su participación en los delitos era evidente, Juan Boza y su familia decidieron marcharse al estado Cojedes donde, para guardar las apariencias, compró tres fincas. El 25 de abril del año pasado secuestraron al empresario español Alberto Cid Souto, pero 37 días después, el 29 de mayo, el Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes) liberó al industrial y capturó a cinco de sus plagiarios, pero Juan Boza y el único de sus hijos que le queda con vida, ya que toda su familia fue abatida, volvió a escapar.
Polisecuestradores. Pero la suerte que hasta ahora acompaña al nativo de Caño Zancudo no la han tenido 131 secuestradores detenidos por el Gaes en los primeros tres meses del año.
Y la sorpresa mayor, 62 de ellos pertenecen a los cuerpos policiales y militares del país.
De este total de funcionarios detenidos e imputados, 30 pertenecen al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), 22 a los cuerpos de policías regionales, 5 a la Guardia Nacional y 5 al Ejército. El resto son miembros del hampa común, muchos de nacionalidad colombiana.
Historia. El secuestro en Venezuela no es nuevo, se remonta a 50 años atrás, a 1963, cuando fue secuestrado el futbolista Alfredo Di Stéfano. Este secuestro fue con intenciones políticas; sin embargo, según una estadística que recoge la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), señala que fue en 1963 cuando se realizaron los tres primeros secuestros por dinero.
El diputado Fahd Gatrif explicó que el primer productor ganadero secuestrado fue Nemesio Escalona, a quien lo privaron de su libertad en la población de La Victoria del distrito Alto Apure.
'A partir de entonces, este delito ha traspasado nuestra frontera, ocasionándole un fuerte dolor de cabeza a las autoridades y a la población productiva secuestrando, extorsionando y `vacunando' a nuestros ganaderos y comerciantes, llevando la inseguridad y acabando con la paz de nuestra zona, minimizando nuestro desarrollo fronterizo', añadió.
Derechos humanos. El secuestro constituye una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias víctimas del delito.
Igualmente, es una violación a los artículos 1, 3, 5 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 (III) del 10 de diciembre de 1948 que rige actualmente.
'El secuestro no sólo afecta a la víctima sino a la familia en general, ya que éstos son sometidos a lo que los psicólogos, que trabajan el duelo, conocen como el proceso de la `muerte suspendida', que es la angustia que caracteriza al secuestro, y que se suma a lo que los juristas llaman la pérdida de libertad. Ahora bien, el enfoque del secuestro desde la perspectiva psicológica tiene un valor de denuncia de la violación de la integridad de los afectados', añadió Fahd Gatrif.
El incremento en los secuestros creció sustancialmente a partir del año 1999, luego que las cárceles venezolanas quedaran casi vacías tras la salida en libertad de la mayoría de los reos gracias a la aplicación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal (Copp).
Choros frenados. Posteriormente, aunque tuvieron sus bajas tanto en 2001 y 2004, nuevamente sufrieron un incremento sustancial en 2005, 2006 y 2007 pero, a finales de año pasado, el Gobierno
comenzó a aplicar una serie de medidas que permitieron el desmantelamiento de varias bandas dedicadas a este delito, lo que permitió neutralizar las actividades de estos delincuentes en la mayoría de los estados.
'Desde que el coronel Omar Ruiz Manzanares se hizo cargo de la coordinación nacional del Gaes, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, prácticamente vive en los estados fronterizos donde hay mayor incidencia de este delito y, luego, ha desarrollado una política muy buena, que es conversar directamente con los familiares de víctimas de secuestro y con los productores, ganaderos, comerciantes y empresarios que pudieran estar en la mira de los delincuentes', expresó un próspero ganadero de Táchira quien habló a condición de anonimato.
A esta persona el hampa le ha secuestrado ya dos hijos.
En efecto, el cambio de las medidas de seguridad en la lucha contra la delincuencia ha comenzado a dar sus primeros frutos desde hace unos tres meses atrás. Esto ha sido reconocido inclusive por quienes adversan al actual gobierno pero reconocen que la percepción sobre la inseguridad ha descendido, según las últimas encuestas, 11 por ciento.
El primer Gaes que se activó fue el de Apure en 1997, y ese mismo año, aunque a finales, también comenzó a funcionar el del Zulia.
Es importante señalar que a partir de que el presidente Hugo Chávez asumió el poder, logró comprometer a los grupos armados colombianos para que liberaran a los secuestrados, lo cual se logra en su gran mayoría.
Hampa común. A partir de 2001, la delincuencia común comenzó a hacer de las suyas y, en lugar de los guerrilleros, comenzaron a secuestrar para luego vender a los plagiados a los grupos insurgentes o a los paramilitares.
Esto provocó que se activaran los Gaes del Cicpc y la GN en todas sus unidades.
Aunque el apoyo a los Gaes por parte del actual ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, ha sido evidente, todavía deben suplirse una serie de carencias que no han permitido que este grupo operativo tenga mejores resultados que los obtenidos.
Por ejemplo, no cuentan con vehículos civiles para su trabajo encubierto y les hace falta radiotransmisores y equipos de informática.
El reconocimiento de familiares de las víctimas y de grupos empresariales al trabajo de este grupo operativo ha sido unánime. Coinciden en que se ha devuelto la confianza en el equipo operativo porque son atendidos rápidamente en sus denuncias y las coordinaciones y llamadas las atiende directamente el coronel Omar Ruiz Manzanares.
'La decisión del ministro Chacín fue acertada al nombrar al coronel Ruiz Manzanares, pero necesitamos que los doten de la tecnología necesaria para mejorar su trabajo', afirmó Carlos Pérez, empresario merideño.
En la mira. Las víctimas más secuestradas son comerciantes; luego siguen los estudiantes, tras ellos ganaderos, profesores yotros, amas de casa, y en último lugar los empresarios.
La policía estima que el número de jóvenes secuestrados creció porque es más fácil sensibilizar a los padres y porque ellos son los que mueven las cuentas en los bancos y pagan más rápido.
En cuanto a la nacionalidad de los secuestrados, los venezolanos encabezan la lista, seguidos por los españoles y árabes, italianos, colombianos, dominicanos y portugueses.
Funcionarios del Cicpc explicaron que las bandas de secuestradores del Táchira fueron desarticuladas totalmente, pero que todavía en el Zulia ocho permanecían activas y, en Barinas, una.
Policía activa. En el caso del Táchira, la policía del estado, al mando del coronel Hebert Aguilar, ha contribuido en el esfuerzo común con el grupo Gaes, y adicionalmente mediante trabajos de inteligencia lograron la captura de importantes jefes de los grupos paramilitares a quienes les incautaron gran cantidad de armas y municiones.
'Tenemos un trabajo estrecho con el Gaes y trabajamos por brindar una mayor seguridad a los habitantes del Táchira.
Además, gracias al continuo patrullaje por toda la ciudad las 24 horas del día y a labores de inteligencia, le hemos dado golpes muy duros a la delincuencia', expresó el coronel Hebert Aguilar.
Hasta el final. Lento pero sin pausa, la lucha contra el secuestro está dando sus frutos. Los planes elaborados por el ministro Rodríguez Chacín y el general Henry Rangel Silva comienzan a devolver la confianza de la población, sobre todo de ese gran segmento susceptible a ser presa de ese delito, en el Gaes y los cuerpos de seguridad. Pero aún queda una debilidad que debe ser rápidamente corregida, que es la prevención de ese delito. REGRESAR |
