La anunciada nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), actualmente filial del consorcio argentino Ternium, es fuente de mucha preocupación tanto en Venezuela como en Argentina. Expertos de ambas naciones coinciden en cuestionar la decisión del gobierno venezolano, aunque desde ángulos distintos.
Unos dudan que el Ejecutivo nacional cuente con los recursos para soportar los gastos e inversiones de las empresas que está tomando, y otros reclaman la ausencia de reglas de juego claras para la inversión extranjera.
Aunque todavía no está claro cuál será el esquema de captura que se utilizará con Sidor, en Argentina algunos medios empresariales han comenzado a presionar al gobierno de Cristina Fernández para que defienda a los capitales del país austral en Venezuela, mientras que los altos directivos de Ternium, Paolo Rocca y Daniel Novegil han dicho que defenderán, frente al propio presidente Hugo Chávez, su derecho a conservar el control de Sidor, una empresa con más de 5.000 trabajadores e ingresos superiores a 2.000 millones de dólares anuales, según las cuentas de la compañía.
El gobierno del presidente Hugo Chávez enfrenta dos posibilidades en este caso: pagar una indemnización por los activos de la siderúrgica, cuyo valor, según estimaciones de expertos consultados, podría superar ampliamente los 2.000 millones de dólares. Hay que recordar que el antiguo Consorcio Amazonia pagó por la empresa, hace nueve años, 1.200 millones de dólares y ha invertido 900 millones adicionales en este período.
El segundo escenario es convertir a la factoría en una empresa mixta, lo cual deja un espacio de apenas 29% para Terniun, ya que el Estado debería tomar un mínimo de 51% para tener control y los trabajadores tienen el restante 20%.
La eventualidad más probable, en este segundo escenario, es que al consorcio argentino se le ofrezca no más de 20% de participación en el negocio, ya que el Estado, por norma, no se ha quedado con menos de 60% de la participación en las empresas que ha tomado. De acuerdo con medios argentinos, la presencia de Ternium en Sidor, bajo estas condiciones, no resultaría atractiva para el consorcio, puesto que Sidor aporta casi 50% de la producción de acero que maneja la transnacional, estimada en 12 millones de toneladas por año. Esta participación es, incluso, mayor a la de la acerera argentina Siderar.
COSTO DE OPORTUNIDAD
Pero, más allá del problema puntual de Sidor, en Venezuela algunos expertos se están comenzando a plantear si la agresiva política de nacionalizaciones tiene el sustento fiscal suficiente. El primer cálculo sobre el costo de estas estatizaciones fue realizado por el economista José Guerra, quien indicó que el Estado está comprometiendo el equivalente a no menos de 5% del PIB anual del país, en la administración de sus nuevas adquisiciones. De ser así, se podría decir que el costo anual de las estatizaciones sería equivalente a la inversión que el Estado venezolano destina a la educación y mayor a los 3 puntos del PIB que se invierten en seguridad personal.
El también economista, José Manuel Puente, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) insistió en el tema del 'costo de oportunidad' de los recursos invertidos por el gobierno en comprar empresas.
'Habría que preguntarse cuántos cupos escolares, cuántas camas en centros hospitalarios, cuántas viviendas se están sacrificando, gracias a estas políticas', advierte.
Estos datos todavía están en el terreno de la incógnita, porque los procesos de nacionalización más exigentes, en materia de costo e inversión, están apenas en su fase inicial.
Sin embargo, comienzan a aclararse algunos números. Según el balance de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al cierre de 2007, los pasivos de la empresa se elevaron en 2.484 millones de dólares 'por la incorporación de activos en la Faja Petrolífera del Orinoco'; de este monto se pagaron 250 millones de dólares a Total y BP por la disolución del Convenio Jusepín y, además, la migración de convenios operativos y asociaciones estratégicas derivó un aumento de los gastos operativos de 179 millones de dólares, durante el año pasado.
Igualmente, contra el presupuesto de Pdvsa se cargaron las adquisiciones de Cantv y La Electricidad de Caracas. Para tomar definitivamente el control de la telefónica, el gobierno desembolsó 572 millones de dólares por 28,5% de las acciones que ostentaba Verizon y, con la Oferta Pública de Adquisición del resto de las acciones, canceló finalmente una suma cercana a 3.500 millones de dólares. En el caso de la compañía eléctrica el desembolso alcanzó a 739 millones de dólares por 82,14% de las acciones que estaban en poder de la estadounidense AES.
Recientemente, el Ejecutivo, a través de Pdvsa, canceló 160 millones de dólares por el control de Lácteos Los Andes, decisión que le permite al sector público controlar 35% del mercado de productos lácteos y, anteriormente, había cancelado, según indican fuentes del sector agrícola, más de 300 millones de dólares por una red de frigoríficos, que concentra 70% del mercado nacional.
Todavía no está claro cuánto habrá que pagar por 60% de participación en las cementeras Cemex, Holcim y Lafarge, pero con esta adquisición el Estado controlará más de 90% del mercado del producto, vital para la industria de la construcción. Para tener una idea del compromiso, Cemex, que reivindica casi 60% del mercado cementero local, muestra, en su balance, correspondiente a diciembre pasado, un patrimonio equivalente a 2.000 millones de dólares, al tipo de cambio oficial.
Y PARA QUÉ
Por supuesto, este problema hay que verlo de cara al futuro, porque no se trata solamente de los montos que el Estado ha desembolsado para adquirir estas empresas, sino de cómo va a mantener su viabilidad futura. Está claro que la enorme factura petrolera permite hacer estas compras sin ningún trauma, aunque una suma ligera podría superar los 5.000 millones de dólares, por ahora.
Los economistas Orlando Ochoa y José Manuel Puente coinciden en señalar que esta política de estatizaciones carece de justificaciones económicas claras y, además, apuntan que si se siguen los criterios 'socialistas' que han marcado a la gerencia pública, en esta etapa, sostienen que hay muchos motivos para preocuparse por el futuro de estas empresas.
Puente apuntó que el Ejecutivo puede enfrentar problemas de liquidez en un plazo breve. 'Eso puede tener implicaciones para las inversiones extranjeras, porque, en un caso extremo, se podría pasar de un modelo de estatizaciones en el que el gobierno reconoce indemnizaciones, a otro ya de carácter confiscatorio y eso sí tendría consecuencias muy graves, sobre todo para los más pobres', apunta el experto.
Diferentes voceros de la administración Chávez han justificado estas inversiones en la necesidad de consolidar un nuevo modelo JESÚS HURTADO productivo que vaya rompiendo con las relaciones de producción capitalista, así como asegurar el funcionamiento de los sectores estratégicos de la economía.
No obstante, el problema financiero parece real. Un ejemplo: el endeudamiento total de Pdvsa aumentó más de 10.000 millones de dólares al cierre del año pasado, debido a las presiones que las políticas sociales y estas adquisiciones han puesto sobre la caja de la corporación petrolera.
Por supuesto, nada indica que las estatizaciones de compañías se detengan con la compra de Sidor, pues la estrategia parece clara. Para Orlando Ochoa se trata de una toma de control progresiva sobre los resortes estructurales de la economía nacional para consolidar el poder de un proyecto político particular.
ANTECEDENTES
El retroceso es la constante
Al menos en el sector cementero, las nacionalizaciones son ya cosa de rutina. En 2006, tras el fallo judicial solicitado por su antiguo propietario Simón Ramos Farías, Cemento Andino volvió a manos del Estado, iniciándose así un proceso de expropiación que dejaría fuera del juego al grupo colombiano Argos, que había adquirido la empresa en 1998 tras cancelar 82 millones de dólares al Fondo de Inversiones de Venezuela.
Aunque el consorcio neogranadino apeló la medida ante el Tribunal Supremo de Justicia, aún aguarda por una respuesta a la solicitud de devolverle la mayoría accionaria, tras lo cual, según sus representantes legales, estaría dispuesto de negociar con el Ejecutivo la venta de la planta ubicada en el estado Trujillo, declarada de utilidad pública y expropiada en 2007.
En el interín, los resultados no son los más satisfactorios. La empresa, que es administrada por un triunvirato formado por trabajadores, Ramos Farías y el Gobierno, puede producir anualmente entre 750.000 y 900.000 toneladas de material de construcción, pero la cuantía apenas llegó a unas 400.000 toneladas el año pasado, de lo que se deduce una inoperancia cercana a 50% de su capacidad.
Los deficitarios alcances de los procesos de cogestión tienen otros ejemplos aún más contundentes. Desde su creación hace tres años, Invepal, compañía de producción social levantada sobre los cimientos de la expropiada Venepal, arroja pérdidas y debe cerrar al menos cuatro meses al año por falta de insumos para la producción; amén de las varias denuncias sobre hechos de corrupción que involucran a los representantes gubernamentales y de los trabajadores en la junta de administración de la compañía.
Industria Venezolana de Válvulas (Inveval), productora de válvulas industriales para el sector petrolero, no corre mejor suerte. Aunque la memoria y cuenta del Ministerio de Industria Ligeras y Comercio señala que en 2007 la empresa obtuvo ganancias por 250.000 bolívares fuertes, también informa que de sus talleres salieron 46 válvulas, un desempeño más que pobre para una planta con capacidad para producir cientos de dispositivos.
Luego de tres años de su creación oficial, las máquinas de la productora de textiles Invetex no han enhebrado un solo hilo, a la espera de que el Milco apruebe los estatutos constitutivos de la compañía, elemental punto que ha impedido a los propietarios recibir los fondos para el arranque de la factoría. REGRESAR |
