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Por fin salió a la luz pública la propuesta del decreto ley o ley orgánica de salud que tan celosamente redacta una exclusiva comisión gubernamental –que depende únicamente del Presidente– en el marco de la Habilitante.
Un grupo de especialistas del sector se refirió al contenido del proyecto y a lo que considera los puntos más discutibles.
Entre una de las características que más rápidamente salta a la vista en el documento de 185 artículos es que jamás se menciona Barrio Adentro. Se deja a un lado cualquier especificación sobre la misión que aborda desde los niveles más básicos de prevención hasta los más tecnificados de hospitalización.
El médico especialista en descentralización Edgar Capriles señaló que esa decisión se tomó ex profeso para 'mantener la fragmentación del sistema' y no tener que someter la misión a los rigores de una norma.
El profesor Absalón Méndez ahonda en el mismo sentido: 'Quizás si uno le pregunta a la gente si cree que existe un sistema de salud, te dirán que sí, que está Barrio Adentro. Pero en el anteproyecto no se menciona directamente el Ministerio de Salud como órgano rector, y ni siquiera sale sugerida la presencia de Barrio Adentro.
Y la verdad es que el ministerio está totalmente arrinconado por esta misión, que es el verdadero ministerio'.
Hasta para respirar.
Otro de los puntos que preocupa a los académicos es el tema de la eliminación de la descentralización. En el artículo 84 de la Constitución se dice explícitamente que el sistema de salud público nacional debe ser intersectorial y descentralizado. Sin embargo, esta figura se omite en el proyecto de ley.
Los analistas afirman que en varios artículos se intenta incluir expresiones y visiones de la nueva geometría del poder, concepto que fue rechazado en el referéndum del 2 de diciembre. Así, surgen términos como comunas y socialismo.
También advierten que la creación de una contraloría sanitaria implicaría tener un órgano de vigilancia y control para las clínicas privadas. El apartado 126 del proyecto dice que no sólo se deberá pedir permiso sino también cancelar una tasa de 25 unidades tributarias para lograr la 'autorización de cambio de director médico de los establecimientos de la salud', así como para certificar el cambio de razón social y de la denominación de marca comercial. Asimismo, le dan competencias, a través del ministerio, para sancionar y ordenar la aplicación de medidas cautelares. 'Esto es intervensionismo', afirma Méndez.
En términos más prácticos, el proyecto pretende que las gobernaciones y alcaldías cancelen todos los compromisos laborales que tengan con sus trabajadores para establecer relaciones laborales desde cero, que no necesariamente incluyan la presencia de un contrato colectivo.
Jorge Díaz Polanco enfatizó que esa propuesta no ha sido consultada a los interesados y que ni siquiera goza de consenso entre los propios simpatizantes del Gobierno. Esto a propósito de la denuncia de legisladores de la Asamblea Nacional en el sentido de que han sido excluidos de la redacción de la ley.
Manuel Rachadell comparó el proyecto con una iniciativa similar en el gobierno de Jaime Lusinchi.
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