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Al menos tres recursos de nulidad han sido solicitados por representantes de diversas instituciones contra la norma del Código Penal que impide el otorgamiento de beneficios a las personas procesadas por delitos graves como homicidios, secuestros y tráfico de drogas.
La excepción fue incluida en la última reforma al texto legal, publicada en Gaceta Oficial el 16 de marzo de 2005 y reimpreso el 13 de abril de ese mismo año con la finalidad de corregir supuestos errores formales. Es precisamente el punto central del reclamo que ha originado huelgas de hambre en centros penitenciarios del país en marzo y abril.
Los primeros dos juicios de nulidad fueron intentados en la segunda mitad de 2005 por los abogados que integran el Foro Penal Venezolano y por el entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez.
María del Pilar Pertíñez de Simonovis, miembro del Foro Penal Venezolano, explicó que la última información sobre el caso la obtuvieron el 13 de marzo cuando ella y otros representantes de la organización acudieron al máximo tribunal para ratificar la solicitud hecha en junio de 2005. Se enteraron de que aún no había sido admitida por la Sala Constitucional. En el mismo estado se encontraba la petición del ahora ex fiscal.
El Código Penal fue reformado en 2005 como una reacción del Estado ante el deterioro de la seguridad ciudadana. Aunque el Código Orgánico Procesal Penal consagraba como norma el procesamiento en libertad, la ley modificada por la Asamblea Nacional hace 2 años y 8 meses estableció excepciones para los incursos en 18 tipos delictivos.
Según Carlos Nieto, representante de Una Ventana para la Libertad, fue afectado más de 80% de los reclusos del país.
El último juicio de nulidad fue intentado en marzo por tres defensores públicos de presos sobre la base de las mismas premisas planteadas por los querellantes en 2005.
Interpretación pendiente. Cuando los reos de la mayoría de los penales del país se declararon en huelga de hambre por primera vez, en marzo, la defensora del Pueblo Gabriela Ramírez interpuso un recurso de interpretación sobre ocho artículos del Código Penal ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
La iniciativa tenía la finalidad de buscar una alternativa más expedita que la del recurso de nulidad por inconstitucionalidad. Cinco semanas después, los internos y sus familiares continúan a la espera REGRESAR |
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