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Las presuntas prácticas de especulación y reventa de vehículos están bajo la lupa del diputado Elvis Amoroso, presidente de la Subcomisión de Deuda y Crédito Público. Junto con un grupo de legisladores de distintas comisiones, prepara un Proyecto de Ley que buscaría el reintegro de dinero a los consumidores de probarse que los concesionarios cobran sobreprecio.
De acuerdo con Amoroso, los vehículos se ofrecen al público hasta 200% por encima del precio sugerido. En esa práctica, asegura, participan los concesionarios, la banca –que financia las compras– y también las ensambladoras. 'Los concesionarios cometen fraude y usura', dijo.
Los concesionarios, siguiendo las denuncias, cobrarían hasta 10 mil bolívares fuertes de sobreprecio por vehículo, sin incluir la recarga adicional por alfombrado, seguro y dispositivos de seguridad. Y los bancos, aún en conocimiento del precio sugerido, estarían financiando a los compradores sobre un sobreprecio, fijado por los concesionarios. Las ensambladoras, dijo el diputado, también recibirían un 5% de la negociación.
'No importa el tiempo que duremos pero (queremos) que (la Ley) pueda tener suficiente consenso, incluso de los mismos concesionarios para que ellos admitan que tienen que regresar el dinero'. La evaluación comprenderá las ventas que se llevaron a cabo desde 2007, cuando se comercializaron hasta 500 mil vehículos nuevos. El grupo de diputados, que incluye a Tirso Silva, Darío Vivas, Ángel Landaeta, Andrés Eloy Méndez, Eddy Gómez, empezará hoy a discutir el proyecto legal.
BONOS USURPADOS
Se espera que la próxima semana la Comisión se reúna con la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa, presidida por Gabriel Osío y al presidente de la Bolsa de Caracas, Víctor Flores para discutir los presuntos delitos de usurpación de identidad en la adquisición de bonos de subasta pública en los últimos tres años, específicamente del Bono del Sur y 'Venezolano', dijo Amoroso.
En la cuenta de Amoroso se apilan más de cien denuncias –adicionales a otras presentadas en la Fiscalía– que atribuyen la irregularidad a los bancos y las casas de bolsa, que cuentan con información detallada sobre el perfil de sus clientes. El delito está tipificado en la Ley contra los ilícitos cambiarios y contempla sanciones de prisión entre dos a siete años. REGRESAR |
| Fecha publicada: 24/04/2008
Fuente: TalCual
Tema: leyes
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