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570 reclusos del país están a la espera de que los distintos tribunales penales analicen las solicitudes de libertad condicional y medidas alternativas de cumplimiento de pena que a lo largo de las últimas 48 horas ha presentado la Defensa Pública.
El coordinador general del organismo, Daniel Ramírez, informó que 'una vez conocida la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (que restituyó a los penados y condenados por delitos graves la posibilidad de gozar de beneficios procesales) se instó a todos los defensores públicos a solicitar ante los juzgados competentes las distintas medidas cautelares y fórmulas alternativas de la pena para aquellos procesados y penados que cumplieran con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). En total se pidieron 294 medidas cautelares y 276 medidas de cumplimiento de condena distintas al presidio'.
Precisó que las entidades donde más personas podrían ser beneficiadas son Aragua, con 178 presos; Carabobo, con 118 y Guárico con 108.
El funcionario se apresuró en aclarar que estos 600 reclusos no necesariamente tendrían por qué terminar excarcelados. La razón: 'Estas personas cumplen, a juicio de la Defensa Pública, los requisitos de legales para obtener los beneficios (presentan buena conducta, no son reincidentes, han cumplido, en el caso de los sentenciados, más de un 1/3 de la pena en la cárcel; y los exámenes psicológicos sostienen que no volverán a delinquir); sin embargo, serán los jueces, de Control, Juicio o Ejecución, los que tendrán la última palabra'.
Ramírez desestimó las informaciones aparecidas en los últimos días, en las cuales se asegura que unos 1.500 reclusos podrían beneficiarse del fallo del Máximo Juzgado. 'Esa es una cifra exagerada. Hay que recordar que más de 80% de las personas llevadas a juicio son representadas por la Defensa Pública, por lo tanto la cifra que manejamos se aproxima bastante a la realidad'.
Respecto al tiempo que podrían demorarse los tribunales en responder las peticiones, informó: 'La ley les otorga tres días para que respondan. Sin embargo, en el caso de los condenados hay que revisar que dentro del expediente estén todos los recaudos (antecedentes penales, informe psicosocial, etcétera), si no están, la respuesta podría demorar. También hay algunos jueces que optan por celebrar una audiencia oral y pública, lo cual también retrasa un poco más el pronunciamiento'.
Consultados sobre la posibilidad de que el TSJ ponga en marcha un operativo especial para analizar las peticiones de beneficios, fuentes del ente rector del Poder Judicial aseguraron que el asunto no ha sido discutido ni por la directiva ni por la Comisión Judicial. No obstante, dieron por descartado esto.
Ayer también la Sala Penal del Máximo Juzgado rechazó el recurso de interpretación de la reforma del Código Penal que la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, interpuso en marzo pasado para lograr la derogación de las normas que impedían a los jueces otorgar los beneficios procesales a los acusados y condenados por delitos como homicidio, secuestro, robo, violación y narcotráfico.
El argumento esgrimido por el magistrado Héctor Coronado Flores (ponente) para rechazar la petición fue que el mismo no estuvo bien planteado.
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