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Tres de las principales empresas estadounidenses evaluadoras de riesgo país, califican como 'preocupante' lo que ellas consideran como niveles de corrupción en los que supuestamente se incurre en el sistema judicial venezolano.
En el punto que abordan las calificadas firmas Moodys, Fitch Ratings y Standard & Poors en sus reportes de riesgo país correspondiente a su primer informe semestral 2007-2008, citan supuestos casos de compra de impunidad, sentencias, investigaciones y hasta congelación de acusaciones en perjuicio de inversores y empresarios nacionales como internacionales.
Los reportes de las mencionadas firmas evaluadoras dejan colar que en la Fiscalía General de la República presuntamente se paralizan o se le da curso a los casos según la capacidad económica de los involucrados.
'Hay más de cuatro mil casos sin resolver, en espera de imputación o acusación o simplemente paralizados', señala uno de los documentos de las evaluadoras y en el cual se menciona la recién creada Unidad Anticorrupción que dirige Alejandro Castillo. Se especifica en el informe que no ha salido uno solo de los casos pendientes, a pesar de un número de investigaciones en manos de esa dependencia por supuestos actos de corrupción que están en espera de una decisión del Ministerio Público.
Uno de los temores, reflejan los informes, es que cientos de los casos pendientes de decisión pasarían a los tribunales de justicia competentes y no se sabe cuál podría ser el destino que, en esta etapa, por su complejidad, podrían tener.
Desde 1999, el sistema judicial venezolano ha sido objeto de diversas y variadas reestructuraciones con el fin de sanearlo, sin embargo, año tras año aumentan las dudas las empresas involucradas en los procedimientos judiciales por la impunidad que pudieren haberse dado a través de la creación de canales e intermediarios, tal vez subrepticiamente, con el fin de favoreces a presuntos delincuentes de cuello blanco previo el presunto pago de cifras millonarias.
Sostienen los informes de Moodys, Fitch Ratings y Standard & Poors, que en los procedimientos se percibe la presencia de fiscales honestos como deshonestos, manejos que se han acentuado luego del sonado caso de la muerte del fiscal Danilo Anderson investigado por el entonces fiscal general Isaías Rodríguez, ahora reemplazado por la fiscal Luisa Ortega Díaz y su asistente, Alejandro Castillo. REGRESAR |
| Fecha publicada: 25/04/2008
Fuente: 2001
Tema: gobierno
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