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Ante la crisis que afrontan los centros penitenciarios, el representante de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, recordó que el Gobierno está obligado por la Constitución a transferir esas instalaciones a las gobernaciones y alcaldías.
'En ninguna parte del texto constitucional se le da el trato a la descentralización penitenciaria de algo optativo, por lo que la entrega debe hacerse, y que cada gobernación o alcaldía asuma su competencia', sostuvo Nieto.
Indicó que en 1994 la entonces gobernadora de Zulia, Lolita Aniyar, firmó un contrato para asumir responsabilidades en materia penitenciaria. Pero a pesar de ese esfuerzo la descentralización no avanzó. Según Nieto, esto ocurre por los deseos de acumular poder por parte del Gobierno central.
Otra obligación incumplida tiene que ver con el manejo de los centros penitenciarios por parte de personal especializado.
Nieto señaló que el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios fue fundado hace 16 años. Desde entonces, se han graduado como especialistas en la materia 700 personas. Pero el Estado no los emplea, y el centro donde se formaron está en proceso de cierre.
Privatización.
La Carta Magna establece la posibilidad de que los capitales privados participen en el manejo de los centros penitenciarios.
Para Nieto, sin embargo, el planteamiento no era vender las cárceles. 'Se hablaba de una primera fase de pequeñas privatizaciones para llegar después a lo macro, que podría ser la privatización general de una cárcel. Lo que se va a dar es un régimen de concesión a determinadas empresas, previo cumplimiento de los requisitos de ley', explicó. REGRESAR |
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