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El país se montó en un barco con destino al socialismo. Así lo establece el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, aprobado por la Asamblea Nacional días después del referéndum sobre la reforma constitucional. El documento, que traza las metas del país –y las estrategias para alcanzarlas– en los próximos siete años, se convierte en una guía para que las políticas públicas avancen hacia ese sistema. 'En este próximo período 2007-2013, se orienta Venezuela hacia la construcción del socialismo del siglo XXI', establece.
Estas metas se lograrán, según el documento, a través de directrices como la suprema felicidad social, la democracia protagónica y revolucionaria, el país como potencia energética mundial. Los otros cuatro criterios corresponden a conceptos presentes en el proyecto de reforma constitucional.
La nueva ética socialista encuentra su reflejo en el cambio propuesto en el artículo 158 del proyecto de reforma constitucional, que estipulaba la construcción de una democracia socialista. El modelo productivo tiene su par en las modificaciones del artículo 299, el cual establecía que el régimen socioeconómico se basaría en principios socialistas. La nueva geopolítica nacional podría corresponder a lo propuesto para el artículo 16, que planteaba una nueva geometría del poder, con la ciudad como unidad política primaria. Por último, la nueva geopolítica internacional se refleja en el artículo 153, el cual señalaba que se promovería la confederación y unión con otras nacionales para constituir polos de poder económico, político y social.
'Algunos dicen que yo estoy metiendo de contrabando la reforma. Están mintiendo. Ojalá se hubiese aprobado. Cuántas cosas hubiesen ocurrido ya en estos cuatro meses. Todo lo que estamos haciendo está en esta Constitución', aclaró, sin embargo, Hugo Chávez en su programa Aló, Presidente del 27 de abril.
Hoja de ruta.
Ricardo Combellas, ex presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado e integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que los planes nacionales señalan los objetivos de corto, mediano y largo plazo de las políticas públicas: 'Es un proyecto de país en el tiempo'.
Le preocupa que el venezolano se base en el socialismo, que fue un concepto rechazado por más de 4,5 millones de personas el pasado 2 de diciembre. 'Se trata de la imposición de una ideología no consagrada en la Constitución y hegemónica en los gobernantes, pero no en la sociedad venezolana', manifestó.
Asocia esta planificación con un modelo de organización compulsiva: 'Hay obligación de cumplir los objetivos de manera rígida y con cariz ideológico. La consecución de los fines, a toda costa, reduce espacios de libertad económica y social'.
La traba educativa. La Fundación Casa Arturo Uslar Pietri identificó el Plan de la Nación como la guía de la reforma educativa que adelanta el Gobierno. Su presidente, Antonio Ecarri, fue a la Asamblea Nacional (sólo lo atendió la fracción de Podemos) para pedir su derogación. 'El sistema educativo bolivariano es un desarrollo de ese proyecto.
Se pone de espaldas a las metas del milenio fijadas por la ONU para la educación, como la promoción de la democracia y el pluralismo. Había que discutir con todos los sectores de la sociedad cuáles serían los fines de la educación', aseveró.
Entre los objetivos para lograr la suprema felicidad social, el plan establece 'profundizar la universalización de la educación bolivariana', así como 'adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista'. Para crear las instancias que sustenten este sistema, el Ministerio de Educación publicó en la Gaceta Oficial del 5 de marzo el decreto 5.907.
Pese a que el Presidente manifestó que quería 'un gran debate' y asomó la posibilidad de someter el tema a referéndum, docentes y padres de varias regiones han denunciado que los cursos de formación para los maestros continúan.
Regiones maniatadas. La propuesta de reforma de la Ley de Descentralización –cuya discusión en la Asamblea Nacional fue postergada– tiene como objetivo 'incorporar la figura de la intervención administrativa por parte del Ejecutivo nacional sobre las entidades estatales, en los casos de competencias concurrentes o competencias transferidas del poder nacional a los estados'.
Se les restarían competencias a las regiones para administrar bienes o servicios de interés públicos, en especial, sus carreteras, autopistas nacionales, puertos y aeropuertos comerciales.
En el plan se señala que con la nueva geopolítica nacional se establecerán las bases para la transición hacia una nueva organización del territorio, adaptada al socialismo del siglo XXI. Entre sus objetivos está 'promover la integración territorial de la nación mediante los corredores de multimodales de infraestructura', en los que se incluyen las vías de comunicación, las cuales volverían a manos del Ejecutivo de aprobarse las modificaciones legales.
Combellas asegura que, si los cambios de esta ley fueran necesarios porque existen competencias concurrentes o solapadas, la Constitución de 1999 establece una solución: convocar a un Consejo Federal de Gobierno. 'Es lo que ocurriría en un régimen que se guíe por la Constitución, porque es el órgano de negociación para llegar a acuerdos entre el Ejecutivo nacional, los gobernadores, alcaldes y la sociedad civil'.
Economía del siglo XXI.
El modelo productivo socialista es el norte de la economía del país. 'Responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinado a la reproducción del capital', se describe en el plan nacional.
Este modelo tiene como unidad básica a las Empresas de Producción Socialista, que allanarán el camino hacia el socialismo del siglo XXI, 'aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas privadas'. En total, reconoce cinco tipos de empresas: mixtas, de economía social, capitalistas privadas, capitalistas del Estado social, y del Estado.
El tejido de las Empresas de Producción Social 'progresivamente abarcará el mayor número de actividades económicas'. La nacionalización de las empresas cementeras y la expropiación de Sidor le permiten al Estado copar actividades diversas del sector productivo y dan cuenta del seguimiento de los objetivos trazados.
La soberanía alimentaria, de acuerdo con el plan, 'implica el dominio, por parte del país, de la capacidad de producción y distribución de un conjunto significativo de los alimentos básicos'. El Estado comenzó este proceso con la creación de la red Mercal en 2004 y este año adquirió Lácteos Los Andes y creó Pdval.
El diputado Oscar Figuera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, considera que el rechazo a la reforma constitucional en el referéndum no se hace extensivo al concepto de socialismo. 'La gente se pronunció sobre la reforma constitucional, pero el plan de la nación lo aprobamos con base en la Constitución vigente. El problema no es que diga que se construirá el socialismo, sino sus contenidos y objetivos. Para mí, no está un concepto reñido con la Carta Magna'.
Eliminar el latifundio y expropiar y rescatar tierras ociosas o sin propiedad fundamentada, también son objetivos en el área económica. Las recientes intervenciones del Instituto Nacional de Tierras en haciendas de Lara y Yaracuy, son señales de que los objetivos trazados por el ex ministro de planificación Jorge Giordani se cumplen a paso de vencedores.
Respuesta civil: Movimiento 2-D.
Miembros de diversos sectores de la sociedad civil lanzaron esta semana el Movimiento 2-D para reivindicar el rechazo de la reforma constitucional en el referéndum del año pasado, pues consideran que en el país se han venido aplicando de forma subrepticia los planteamientos de ese proyecto.
'Cuatro meses después, la amenaza del Presidente se está cumpliendo día tras día, pero sin reformas y sin Constitución, mediante sucesivas violaciones al orden legal que bien pueden entenderse como golpes de estado circunstanciales que lo van colocando al margen de la propia Constitución', afirmó Miguel Henrique Otero, presidente-editor de El Nacional, encargado de leer el manifiesto del grupo.
Algunos de los problemas denunciados por dirigentes políticos e intelectuales, miembros del movimiento, fueron la politización de la Fuerza Armada, la ideologización de la educación, el incremento de la delincuencia, el desorden en la administración pública y los manejos de la estatal petrolera. REGRESAR |
| Fecha publicada: 04/05/2008
Fuente: El Nacional
Tema: gobierno
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